La Junta pierde un 1,29% de fondos adicionales pese a tener el 20% de la superficie de España, según cálculos del PP; el PSOE defiende el pacto con Junqueras y acusa al PP de ‘estrategia electoralista’
Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles una Proposición No de Ley del PP para que la Junta exija al Gobierno la retirada del nuevo sistema de financiación autonómica.
El texto, respaldado por PP, Vox y el Grupo Mixto, denuncia que el modelo —aprobado por el Ejecutivo y dos comunidades— es «injusto» y perjudica especialmente a Castilla y León. El PSOE votó en contra, acusando al PP de usar la iniciativa como «panfleto electoralista» sin presentar alternativas técnicas.
La portavoz del PP, Leticia García, argumentó que la comunidad recibirá solo un 1,29% de los fondos adicionales, pese a concentrar el 20% de la superficie española y el 5% de su población. Para el PSOE, en cambio, el modelo reconoce la «realidad asimétrica» de las comunidades y recordó que durante el Gobierno de Pedro Sánchez, Castilla y León ingresó 36.224 millones más en siete años que con Mariano Rajoy.
El portavoz socialista, Carlos Martínez, criticó que el PP repita «temas clásicos de confrontación» sin proponer soluciones, mientras Vox presentó una enmienda rechazada para eliminar «gasto político innecesario» y bajar impuestos. El Grupo Mixto apoyó la PNL por considerar el modelo «injusto» y basado en un «acuerdo entre pocos».
El debate refleja la tensión entre el rechazo del PP a cualquier reforma que no beneficie a Castilla y León y la defensa del PSOE de un sistema que, según sus cálculos, ya ha mejorado los ingresos autonómicos en comparación con la etapa de Rajoy.
Según Martínez, el dinero que Castilla y León ha recibido no se ha canalizado para mejorar la vida de los vecinos del Tintar o del Bierzo, ni para acelerar la ejecución de obras. Se estima que el tiempo medio para construir un colegio, un centro cívico, un centro médico o un hospital es de 20 años, y que durante la gestión autonómica de Alfonso Fernández Mañueco la deuda se incrementó en más de 700 euros por habitante.
