La mayoría progresista rechaza la ponencia de Macías y avala el recurso de Turull, lo que podría llevar al juez Llarena a levantar las órdenes de detención contra los exlíderes independentistas
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el primer paso para amnistiar la malversación en el procés al rechazar, con mayoría progresista, la ponencia del magistrado conservador José María Macías, que proponía desestimar el recurso de amparo del exconcejales Jordi Turull. Esta decisión, que sigue la línea de la ley del olvido penal, abre la puerta a que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros exconcejales como Toni Comín y Lluís Puig puedan regresar a España sin temor a ser detenidos.
El fallo, que se espera para el próximo pleno del 6 de octubre, marca un giro frente a la doctrina del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, quien había negado la aplicación de la amnistía a Turull al considerar que los fondos del referéndum del 1-O no fueron cubiertos por los encausados. La mayoría del TC, sin embargo, ha optado por una interpretación más amplia de la ley, que excluye la malversación de la amnistía solo en casos de enriquecimiento ilícito.
El juez Llarena ya ha anunciado que aplicará la doctrina del TC a todos los encausados en el procés una vez se publique el fallo, lo que podría llevar a levantar las órdenes de detención nacionales contra Puigdemont, Comín y Puig. Tras esto, el instructor dictaría un auto de archivo del sumario en virtud de la amnistía, aunque el proceso podría ser recurrido por Vox, única parte contraria al olvido penal en la causa.
El regreso de Puigdemont, que cumple nueve años en el exilio el próximo 30 de octubre, dependerá de tres momentos clave: la caída de las órdenes de detención, el archivo de su causa por el juez Llarena, o el cierre definitivo del caso por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Andrés Martínez Arrieta. Mientras, la Fiscalía, favorable a la amnistía, no recurrirá la decisión, dejando a Vox como única fuerza política en posición de impugnar el fallo.
Si el TC confirma su postura en dos semanas, la amnistía no solo afectaría a Puigdemont, Comín y Puig, sino también a otros líderes del procés como Oriol Junqueras o Jordi Turull, así como a exaltos cargos del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El precedente del Tribunal Supremo y la ley del olvido penal
La decisión del TC se enmarca en un contexto legal complejo. La ley del olvido penal, aprobada en 2022, excluye la amnistía para delitos de malversación cuando se demuestre enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el Tribunal Supremo había interpretado que los fondos del 1-O no fueron cubiertos por los encausados, lo que impedía aplicar la amnistía. El TC, ahora, parece alinearse con una visión más amplia de la ley, que no exige demostrar el enriquecimiento para aplicar el olvido.
Este cambio de postura podría tener implicaciones directas en otros casos pendientes, como los de los exconcejales Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, encausados por el TSJC, o los altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía, que ya había mostrado su apoyo a la amnistía, podría acelerar su aplicación en estos casos si el TC confirma su postura.
¿Qué sigue ahora?
El próximo pleno del TC, el 6 de octubre, será clave. El magistrado Macías presentará una nueva ponencia adaptada a la mayoría progresista, aunque el presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido, también llevará su propia propuesta para estimar el recurso de la exconsellera Dolors Bassa, que ya cuenta con el respaldo del órgano. Si se aprueba, el juez Llarena actuará rápidamente para levantar las órdenes de detención y archivar las causas.
La única resistencia podría venir de Vox, que podría recurrir la decisión ante el propio juez Llarena o ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sin embargo, dado que la Fiscalía no recurrirá y que el Tribunal Supremo ya avaló la ley del olvido penal en sendas cuestiones prejudiciales remitidas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, es poco probable que el Alto Tribunal revierta su postura.
El regreso de Puigdemont podría producirse en cualquier momento, aunque su equipo apela a la prudencia. Las tres ventanas posibles —tras la caída de las órdenes de detención, el archivo de su causa o el cierre definitivo del caso— podrían usarse para dotar al regreso de un fuerte simbolismo político, especialmente en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno central y las instituciones catalanas.
Mientras, el Tribunal Constitucional sigue siendo el actor clave. Su decisión no solo afectará a los líderes del procés, sino también a la estabilidad política en Cataluña, donde la amnistía podría reavivar el debate sobre la impunidad y la justicia.
El desenlace también depende de la respuesta institucional ante un eventual revés judicial. El Supremo ya ha planteado la posibilidad de dirigir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) si el TC insiste en su criterio, un escenario que, según las fuentes consultadas, se antoja improbable, pero que añadiría una capa de incertidumbre al calendario. En paralelo, el alto tribunal de garantías tiene pendientes de resolver los recursos de amparo de otros encausados, entre ellos el de la exconsellera Dolors Bassa, cuyo caso avanza por una vía paralela y podría fijar doctrina antes de que se resuelva el de Turull.
La decisión del TC no es un pronunciamiento definitivo sobre el fondo, sino un paso procesal que obliga a rehacer la ponencia y someterla de nuevo al pleno. Ese matiz es relevante porque la mayoría progresista aún debe consolidar su criterio en una resolución formal, y cualquier cambio en la composición del tribunal o en la correlación de fuerzas internas podría alterar el resultado final.
