Un juzgado valida la sanción municipal: la Justicia desestima el recurso y refuerza la lucha contra el alquiler ilegal en la ciudad
Un juzgado de Valencia ha confirmado este martes la sanción de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a una empresa por explotar tres apartamentos turísticos sin licencia municipal. La resolución desestima íntegramente el recurso presentado por la compañía, validando así la actuación del consistorio en su campaña contra el turismo ilegal.
La multa responde a la Ley Reguladora de las Viviendas Turísticas de Valencia, aprobada en 2023 para frenar la conversión masiva de viviendas en alquileres turísticos sin permiso. Según datos del Ayuntamiento, en los últimos dos años se han sancionado más de 150 casos similares, con un aumento del 40% en inspecciones desde 2025. La empresa recurrida operaba en el distrito de Ruzafa, zona con alta concentración de alojamientos no regulados.
El fallo judicial refuerza la postura del Ayuntamiento, que en 2024 limitó los nuevos licencias de turismo a un máximo del 5% del total de viviendas en la ciudad, una medida criticada por sectores hosteleros, pero respaldada por vecinos que denuncian la presión sobre el mercado de alquiler residencial. La sanción de 30.000 euros —la más alta aplicada hasta ahora— se ajusta al artículo 12 de la ordenanza municipal, que establece penas de hasta 60.000 euros para infracciones graves.
La decisión llega en un contexto de tensión política entre el Ayuntamiento y plataformas como Airbnb, que en 2025 retiraron más de 2.000 anuncios en Valencia tras presiones municipales. Mientras, la oposición local —representada por Partido Popular y Ciudadanos— ha exigido al consistorio mayor agilidad en los juicios para evitar recursos que alarguen los procesos. El próximo paso será la ejecución de la multa, que podría incluir la clausura temporal de los apartamentos si la empresa no regulariza su situación.
