El PP gana tres mayorías absolutas y el PSOE pierde cinco autonomías y 11 capitales; el Gobierno acelera el proceso para evitar el estancamiento político
Pedro Sánchez anunció este lunes 3 de junio de 2023 el adelanto de las elecciones generales del 28 de diciembre al 23 de julio, una decisión que responde directamente al varapalo electoral del 28M, donde el Partido Popular (PP) obtuvo tres mayorías absolutas y el PSOE perdió cinco autonomías y 11 capitales de provincia. La convocatoria, publicada este mismo lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activa un calendario electoral acelerado que coincide con las vacaciones de verano, lo que podría disparar la demanda de voto por correo.
El presidente del Gobierno justificó la medida sin valorar los resultados electorales, centrando su comparecencia en la necesidad de recomponer la situación política tras un 28M histórico para el PSOE, que ha visto cómo su hegemonía en las autonomías y capitales se resquebraja. El PP, por su parte, consolida su victoria con 14 autonomías gobernadas y un avance significativo en municipios clave, mientras que Vox y otras formaciones regionalistas también ganan peso en el mapa autonómico.
El adelanto electoral, que ya estaba previsto para finales de año, se produce en un contexto de alta tensión institucional. Las Cortes Generales fueron disueltas el 30 de mayo, y el calendario se ajusta ahora para cumplir con los plazos legales. La campaña electoral comenzará el 7 de julio y durará 15 días, con una jornada de reflexión el 22 de julio y la votación el día 23.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) regula estos plazos con precisión. Por ejemplo, la constitución de los nuevos ayuntamientos se producirá el 17 de junio, mientras que las candidaturas deberán presentarse antes del 21 de junio. Quienes concurran en coalición tendrán hasta 10 días adicionales para formalizar sus acuerdos.
El voto por correo, clave en un julio de vacaciones
Uno de los aspectos más críticos del adelanto es el voto por correo, cuya solicitud ya está abierta desde el 30 de mayo y se extenderá hasta el 13 de julio. Este plazo, que coincide con el inicio de las vacaciones de verano, podría registrar un aumento significativo de solicitudes, especialmente entre los españoles que se encuentren fuera de sus localidades el día de la votación.
Según la LOREG, el voto por correo se gestiona a través de Correos, ya sea de forma presencial o electrónica, con certificado digital o autofirma. Los electores recibirán un aviso cuando sus papeletas lleguen a la oficina correspondiente, y podrán ejercer su derecho al voto presentando su DNI. Sin embargo, solicitar el voto por correo no exime de formar parte de una mesa electoral, un aspecto que podría generar confusión entre los ciudadanos.
El sorteo para las mesas electorales se celebrará entre el 24 y el 28 de junio, y la designación de los miembros será notificada en un plazo de tres días. Quienes sean seleccionados tendrán hasta siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) si existen causas justificadas que les impidan aceptar el cargo. La JEZ resolverá estos recursos en cinco días.
El impacto político del adelanto: ¿una estrategia para evitar el estancamiento?
El adelanto electoral no solo responde a los resultados del 28M, sino también a la necesidad de evitar un estancamiento político que podría prolongarse hasta diciembre. Con el PP en ascenso y el PSOE en retroceso, el Gobierno busca recuperar la iniciativa antes de que la campaña se vea afectada por las vacaciones.
Sin embargo, el calendario acelerado plantea desafíos logísticos. La campaña electoral se desarrollará en pleno verano, una época en la que muchos ciudadanos están de vacaciones o fuera del país. Esto podría afectar tanto a la movilización de los votantes como a la organización de los actos electorales.
Además, el adelanto podría beneficiar al PP, que ya ha demostrado su capacidad para movilizar a su electorado en contextos adversos. El PSOE, por su parte, deberá trabajar con urgencia para recomponer su discurso y evitar una nueva derrota en las urnas.
El Congreso de los Diputados y el Senado quedarán disueltos tras la publicación de la convocatoria en el BOE, lo que significa que las nuevas Cortes no se constituirán hasta después de las elecciones. Esto podría generar un vacío institucional en los próximos meses, aunque el Gobierno ya ha anunciado que mantendrá su funcionamiento hasta la formación de un nuevo ejecutivo.
La coincidencia con el periodo estival obliga además a los partidos a adaptar su logística: los actos de campaña competirán con los desplazamientos vacacionales y las sedes deberán reforzar sus equipos en pleno mes de julio. El propio calendario fijado por la convocatoria deja poco margen para imprevistos, ya que cualquier retraso en la presentación de candidaturas o en la proclamación de las mismas podría alterar los plazos previstos para la campaña y la jornada de votación.
