El juez Juan Carlos Peinado sienta en el banquillo a la esposa de Pedro Sánchez y a Cristina Álvarez dos años después de iniciar la causa
La Audiencia Provincial de Madrid acogerá el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La resolución judicial afecta también a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Ambas comparecerán ante un tribunal compuesto por ciudadanos.
El magistrado Juan Carlos Peinado adoptó la decisión de abrir juicio oral este lunes. Esta medida llega exactamente dos años después del inicio de las diligencias judiciales sobre las actividades profesionales de Gómez. Las partes se encuentran a la espera de que el órgano judicial señale la fecha definitiva para la celebración de la vista.
Las acusaciones formuladas determinan el perímetro penal para cada procesada. Gómez afrontará cargos por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Álvarez, en cambio, se sentará en el banquillo únicamente imputada por el delito de malversación de caudales públicos.
El funcionamiento del Tribunal del Jurado
La vista oral se celebrará bajo el procedimiento marcado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Este cauce legal deriva de las previsiones recogidas en la Constitución de 1978 sobre la participación ciudadana directa en la administración de justicia.
El panel estará integrado por nueve ciudadanos titulares sin formación jurídica y dos suplentes. Su función principal consiste en escuchar las pruebas, atender los testimonios y deliberar de forma aislada. Al término de las sesiones, deberán emitir un veredicto formal de culpabilidad o inculpabilidad respecto a las dos acusadas.
Una vez alcanzado ese veredicto de los ciudadanos, un magistrado presidente redactará la sentencia definitiva. Dicho juez profesional fijará la pena concreta si procede una condena o decretará la absolución si así lo decide el jurado.
Las consecuencias en el tablero político
El envío de Gómez a un tribunal popular carece de precedentes respecto al cónyuge de un presidente del Gobierno en ejercicio en España. Este escenario sitúa la causa en el foco de la confrontación parlamentaria entre el Ejecutivo y los partidos de la oposición.
Para Sánchez y el Ejecutivo, el proceso coincide con la gestión ordinaria de la legislatura. Los socios parlamentarios vigilarán el impacto de la causa sobre la estabilidad de la mayoría en el Congreso. Por su parte, los partidos opositores emplearán la apertura del juicio para intensificar el control sobre el entorno de la Presidencia.
La fase decisiva comenzará cuando la Audiencia de Madrid configure el calendario y convoque el sorteo de los miembros del jurado. El juicio someterá la investigación del juez Peinado a la evaluación de nueve ciudadanos en una vista pública de máxima repercusión.
