La presidenta del órgano consultivo justifica el cese por salud, pero fuentes internas vinculan el movimiento a una estrategia política ante elecciones
Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, ha impulsado este martes la incapacitación de su predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, en una maniobra sin precedentes dentro del órgano consultivo. La decisión, anunciada el pasado 17 de septiembre en el encuentro semanal del Consejo, se justifica oficialmente por los «prolongados problemas de salud» de la exvicepresidenta, aunque fuentes internas descartan que sea la única razón.
Fernández de la Vega, exvicepresidenta primera del Gobierno entre 2004 y 2010, ocupa desde 2018 la presidencia del Consejo de Estado, cargo que ahora dejará vacante. Su relevo no solo supondría un cambio en la dirección del órgano —el segundo más importante del Estado tras el Tribunal Constitucional—, sino también la pérdida de su condición de consejera permanente, un puesto que otorga inmunidad parlamentaria y privilegios exclusivos, como la exención de comparecencias públicas obligatorias.
El Consejo de Estado, creado en 1885 como órgano consultivo del Gobierno, emite informes vinculantes para proyectos de ley, decretos y nombramientos de alto nivel. Su composición incluye a 25 consejeros vitalicios —nombrados por el Ejecutivo— y 25 electivos, entre ellos antiguos presidentes del Gobierno, magistrados y académicos. Fernández de la Vega, con 75 años, acumula décadas de influencia en la política española, desde su etapa en el PSOE hasta su papel actual como voz institucional independiente.
La cercanía de las elecciones generales —previstas para 2027— y el interés de Fernández de la Vega por mantener su cargo permanente han avivado las especulaciones. Según fuentes consultadas por ABC, Calvo, nombrada presidenta en 2023, habría acelerado el proceso para evitar que Fernández de la Vega, vinculada históricamente al PSOE, usara su posición para influir en la próxima legislatura. El Consejo, aunque autónomo, depende presupuestariamente del Gobierno, lo que añade un matiz político a la decisión.
Fernández de la Vega, conocida por su discreción, no ha reaccionado públicamente. Su salida abriría una vacante clave en un órgano donde el equilibrio entre partidos es frágil: el PP y Vox han criticado en el pasado su sesgo «progubernamental». La maniobra de Calvo, en cualquier caso, refuerza el control del Ejecutivo sobre un órgano tradicionalmente visto como refugio de figuras con peso institucional.
