La alcaldesa de Castellón, presidenta de la Comisión de Educación de la FEMP, reclama estabilidad, más recursos para municipios y alejar ideologías de las aulas
Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón y presidenta de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha advertido hoy en Madrid que «la Educación es una cuestión de Estado» y ha acusado a los datos del informe PISA 2025 de la OCDE de confirmar «el fracaso de las sucesivas leyes educativas» por su «falta de consenso y estabilidad».
Durante la reunión de la comisión estatal, Carrasco denunció que España registra «índices por debajo de la media en todos los indicadores» del informe, lo que, según advirtió, «pone en riesgo el futuro de las generaciones venideras». La alcaldesa vinculó estos resultados a «la ausencia de un modelo educativo sólido basado en valores, rigor y mérito», y criticó que «las aulas se han convertido en un campo de batalla ideológico» en lugar de «un ascensor social».
La presidenta de la comisión exigió «altura de miras y colaboración leal» entre administraciones —locales, autonómicas y estatal— para «recuperar la cultura del esfuerzo» y «reforzar la autoridad docente». Carrasco recordó que los municipios, como administración más cercana a los centros, asumen «competencias impropias» y un «esfuerzo inversor constante» en infraestructuras, pero reclama «mecanismos de cooperación eficaces» y «mayores recursos» para garantizar calidad educativa.
Como ejemplo de buenas prácticas, destacó el programa Agente Tutor de Castellón, que en el curso pasado atendió a 2.800 alumnos de 11 centros y recibió reconocimientos nacionales. También alertó sobre el «absentismo escolar», un «fenómeno complejo» que, según la FEMP, requiere abordar desde factores «personales, familiares, escolares y comunitarios». Carrasco anunció que la federación compartirá experiencias exitosas en su VIII Catálogo de Buenas Prácticas Municipales.
La reunión subraya la tensión entre el municipalismo —que reclama participación en decisiones educativas— y el bloqueo político por la falta de consenso en leyes estatales. Mientras, los datos de PISA 2025, aún no publicados oficialmente, ya son citados como «prueba» de la necesidad de un giro en la política educativa.
