La magistrada, instructora del caso contra David Sánchez, pide investigar contactos con un clan del narcotráfico de Badajoz y denuncia maniobras para apartarla de la causa
Beatriz Viedma Rojano, jueza instructora del caso que condenó a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— por irregularidades en la Diputación de Badajoz, recibe el respaldo unánime de las tres asociaciones judiciales extremeñas. Estas organizaciones —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)— han firmado un comunicado este martes 22 de septiembre para denunciar las «presiones, maniobras de descrédito y hostigamiento» contra la magistrada, que ella misma ya ha llevado a la Audiencia Nacional.
El comunicado, publicado tras las informaciones sobre presuntas actuaciones ilegales contra Viedma, subraya que cualquier intento de intimidación o presión sobre jueces «constituye una amenaza para el Estado de derecho». Las asociaciones evitan señalar directamente a los investigados, pero vinculan las denuncias con la trama de Leire Díez, ya en el punto de mira de la justicia por presuntas maniobras de influencia. Viedma ya había solicitado personarse como acusación particular en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, alegando indicios de que se obtuvieron datos personales suyos —incluido su domicilio— y que se promovieron denuncias falsas para apartarla del caso.
La jueza había sido ya alertada por la Unidad Central Operativa (UCO) en informes previos: según esos documentos, una de las líneas de actuación de la red investigada apuntaba directamente a ella. Ahora, las nuevas revelaciones añaden un nuevo elemento: Cintia Rocho, vinculada al clan de los Rochos —relacionado con el narcotráfico en Badajoz—, aseguró haber recibido llamadas con información personal de Viedma, como fotografías y su dirección. Dos personas, según su relato, le plantearon acciones contra la magistrada, aunque ella rechazó participar.
El caso se enmarca en un contexto más amplio: Viedma fue la instructora de la investigación que llevó a la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación. Su papel en ese proceso la convirtió en objetivo. Las asociaciones judiciales extremeñas, en su comunicado, reafirman la defensa de la independencia judicial como «pilar fundamental del sistema democrático», mientras la jueza insiste en que las actuaciones investigadas podrían haber buscado «neutralizar» su trabajo.
El exjuez Luis José Sáenz de Tejada también aparece vinculado a las maniobras para apartar a Viedma. Su figura está bajo escrutinio en la investigación actual, que ahora amplía el foco hacia posibles conexiones entre la trama de Díez y redes criminales locales. Mientras, la magistrada sigue adelante con su denuncia ante Pedraz, donde pide que se investiguen tanto las presiones como los contactos con el entorno del narcotráfico.
