La denuncia apunta a posibles delitos de prevaricación tras duplicar el plazo quirúrgico a 57 pacientes prioritarios
Una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Madrid cuestiona la gestión quirúrgica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. El grupo parlamentario Más Madrid registrará el escrito este martes para reclamar diligencias por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. La formación opositora señala la alteración de las listas de espera en 57 pacientes que habían sido catalogados como prioritarios por sus especialistas.
El cambio administrativo modificó el plazo máximo de intervención quirúrgica de 90 a 180 días. Los cirujanos del centro habían fijado el nivel preferente para estos casos de Traumatología y Cirugía Ortopédica. El escrito judicial expone que la reclasificación se ejecutó «sin valoración clínica real» de los afectados. El objetivo de la medida consistió en «eludir un indicador de gestión» fijado por la normativa estatal para el Sistema Nacional de Salud.
Los hechos señalados en el documento apuntan a la jefatura de Traumatología y a la dirección médica del complejo hospitalario. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, advirtió del impacto de estas prácticas sobre patologías severas. El grupo parlamentario exige al ministerio público requerir los accesos del Registro de Demanda Quirúrgica. También solicita revisar los contratos de gestión para verificar si existían incentivos económicos vinculados al control formal de las demoras.
La controversia técnica escaló al terreno político tras las declaraciones de la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute. La responsable del Gobierno autonómico atribuyó la alteración al propio facultativo denunciante para trabajar menos y reducir casos complejos. La formación denunciante sostiene que esa imputación carece de sustento en expedientes concluidos. Por ello, Más Madrid no descarta una vulneración de reserva de datos al difundirse procedimientos internos de dicho médico.
Este conflicto sitúa el foco sobre los mecanismos de fiscalización de los tiempos de respuesta sanitaria en la Comunidad de Madrid. El ministerio público deberá determinar ahora si los cambios de prioridad vulneraron la legalidad o si encajan en la autonomía de gestión del centro. La petición incluye tomar declaración a los directivos señalados y al personal médico que alertó de los retrasos inducidos.
