El Gobierno debe decidir en el Consejo de Ministros de la próxima semana si aprueba la prórroga de contratos, mientras Junts y Podemos exigen cambios y el PSOE rechaza repetir el fracaso de abril
Sumar ha lanzado un ultimátum al Gobierno para que apruebe antes del 30 de septiembre el decreto de vivienda que prorroga los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027. La coalición exige que el Consejo de Ministros de la próxima semana —la última antes de final de mes— incluya la norma, aunque el PSOE se niega a repetir una derrota parlamentaria en un asunto clave a pocos meses de las elecciones.
El decreto, pactado en julio entre el Gobierno y el PSOE, quedó paralizado por el rechazo de Podemos y Junts, que exigen modificaciones en la ley del suelo y medidas adicionales como desgravaciones fiscales para inquilinos con rentas inferiores a 33.007 euros anuales. Junts, además, condiciona su apoyo a la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos, algo que Hacienda rechaza por las pérdidas fiscales que supondría aplicar el límite de 85.000 euros que pide la formación independentista.
La presión de Sumar recuerda a la fractura vivida en marzo, cuando sus ministros boicotearon un Consejo de Ministros extraordinario hasta que el PSOE cedió en el decreto de alquileres. Ahora, la coalición insiste en que el Ejecutivo apruebe la norma y use su vigencia —30 días hábiles para su convalidación— para presionar a los grupos parlamentarios. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió esta estrategia: *»Que cada cual asuma su responsabilidad»*, advirtió, mientras el PSOE argumenta que llevar un decreto sin apoyos al Congreso carece de sentido, pues una vez aprobado en el Consejo de Ministros es inmodificable.
El decreto, que en julio se prometió aprobar antes del verano, se ha retrasado hasta diciembre según fuentes de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez ya advirtió en julio que un aplazamiento podría generar inseguridad jurídica para los inquilinos que solicitaran prórrogas. Mientras, Junts insiste en que el texto actual no recoge sus reivindicaciones, como medidas para aumentar la oferta de vivienda o ajustes fiscales, y Podemos amenazar con vetarlo si se toca la ley del suelo.
El plazo se agota. Si el Gobierno no actúa antes del 30 de septiembre, la prórroga de alquileres —ya considerada un problema clave por los españoles— podría quedarse en papel mojado, con el riesgo de una nueva crisis habitacional en plena inflación.
