El Gobierno alega que la medida anticipa el fondo del caso y podría afectar al censo electoral de 2027
La Abogacía del Estado ha recurrido este lunes la decisión del Tribunal Supremo que paraliza cautelarmente los efectos electorales de la ley de nietos. El recurso cuestiona los «excesos» del auto judicial, que suspendió las inscripciones en el censo electoral para las personas beneficiadas por la instrucción de 2022 de la jueza Sofía Puente, alegando un «peligro fundado» para la integridad de las elecciones.
El escrito, al que ha tenido acceso *The Objective*, argumenta que el Supremo «se anticipa a resolver el fondo del asunto» en un incidente cautelar, algo que, según la Abogacía, «priva de objeto útil al proceso principal». Los representantes jurídicos del Estado señalan que la instrucción de Puente «no ha sido impugnada» en este procedimiento, por lo que no pueden evaluar su validez. Además, insisten en que «nadie puede predecir el sentido del voto» de quienes podrían incorporarse al censo, y que, en cualquier caso, «no podría alterar el resultado electoral por pura matemática».
El auto del Supremo establece que las inscripciones pendientes quedarán suspendidas hasta que se dicte sentencia, lo que podría ocurrir después de las elecciones generales previstas para el verano de 2027. Las personas ya inscritas verán suspendidos sus efectos para futuros comicios. La medida afecta directamente a los partidos políticos, que deberán adaptar sus estrategias electorales sin conocer el alcance definitivo de la ley.
La ley de nietos, impulsada en 2022, permite a descendientes de españoles exiliados durante la dictadura franquista recuperar la nacionalidad. Su aplicación ha generado controversia por su impacto en el censo electoral, especialmente en regiones como Cataluña, donde el número de beneficiarios podría ser significativo. El recurso de la Abogacía del Estado busca evitar que la suspensión cautelar del Supremo condicione el resultado de las próximas elecciones, un escenario que podría generar incertidumbre jurídica y política.
El Tribunal Supremo actúa en un contexto de alta tensión electoral, con las generales a menos de un año vista. La suspensión cautelar, aunque temporal, refleja las divisiones sobre cómo interpretar el alcance de la instrucción judicial y su compatibilidad con el proceso democrático. La Abogacía del Estado defiende que la decisión del Supremo «excede los límites» de un incidente cautelar, pero el Alto Tribunal mantiene su postura hasta que se resuelva el fondo del caso.
