La iniciativa, que votará este martes, busca cumplir una promesa de Pedro Sánchez de 2018 y enfrenta al Gobierno con la OTAN
Pedro Sánchez se enfrenta este martes a un debate clave en el Congreso: la Comisión de Asuntos Exteriores votará una propuesta de Sumar para que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), un compromiso que el presidente prometió en 2018 durante su investidura y que nunca se ha materializado. La iniciativa, presentada como una urgencia ante la escalada nuclear global, divide al Gobierno entre su discurso antinuclear y su alianza con la OTAN, que ningún país miembro ha firmado.
El texto, impulsado por Sumar, recuerda los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y advierte de que, pese a los acuerdos de desarme tras la Guerra Fría, aún existen más de 13.000 armas nucleares en el mundo. La coalición subraya que la guerra en Ucrania ha revivido el riesgo de uso nuclear en Europa, algo que, según el texto, exige un instrumento internacional como el TPAN para eliminar estas armas, igual que ocurrió con otros armamentos de destrucción masiva.
La votación llega en un momento en que el 80% de los españoles apoya la firma del tratado, según una encuesta de ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares) de mayo de 2026. Además, Sánchez reiteró en febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el rearme nuclear «no es la vía correcta», alertando sobre los riesgos de la inteligencia artificial en este ámbito. Sin embargo, la adhesión al TPAN choca con la postura de la OTAN, que no menciona las armas nucleares en su tratado fundacional y no obliga a sus miembros a apoyarlas, aunque tampoco las prohíbe.
La Alianza por el Desarme Nuclear, que promueve el tratado, insiste en que España puede firmar sin abandonar la alianza atlántica. «El Gobierno ha expresado su rechazo a la disuasión nuclear y una amplísima mayoría de la ciudadanía quiere que nuestro país firme el TPAN», declaró su director ejecutivo, Carlos Umaña, instando a los grupos parlamentarios a aprovechar la votación para avanzar en este objetivo.
La iniciativa de Sumar llega en un contexto de creciente tensión geopolítica. Mientras Rusia y Estados Unidos mantienen tensas negociaciones sobre el desarme, la guerra en Ucrania ha reavivado el fantasma de un conflicto nuclear en Europa, algo que el texto vincula directamente con la necesidad de un marco legal como el TPAN para evitar su uso.
El debate en el Congreso no solo pondrá a prueba la coherencia del Gobierno entre su discurso antinuclear y su alianza con la OTAN, sino también la capacidad de Sumar para movilizar apoyo parlamentario en un tema donde la mayoría social parece clara.
El compromiso incumplido de Sánchez con Podemos
La promesa de Pedro Sánchez de adherirse al TPAN data de 2018, cuando negociaba su investidura con Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos. En aquel momento, el presidente electo se comprometió a impulsar este tratado como parte de su agenda de desarme, una promesa que nunca se cumplió. La iniciativa parlamentaria de Sumar busca ahora materializar ese compromiso, aunque el Gobierno ha mantenido una postura ambigua: por un lado, rechaza el rearme nuclear y apoya el desarme; por otro, depende de la OTAN, cuya postura oficial es la neutralidad en el tema, aunque en la práctica sus miembros —incluida España— mantienen arsenales nucleares bajo control estadounidense.
La Alianza por el Desarme Nuclear destaca que el TPAN ya cuenta con 100 Estados firmantes, un respaldo sin precedentes en tratados de desarme. Sin embargo, ningún país de la OTAN lo ha ratificado, lo que convierte la adhesión española en un gesto simbólico pero potencialmente aislacionista en el contexto de la alianza atlántica.
El dilema de la OTAN: neutralidad formal, dependencia real
El Tratado del Atlántico Norte no prohíbe explícitamente las armas nucleares, pero tampoco las exige. Esto permite a países como España mantener una postura ambigua: por un lado, pueden firmar el TPAN sin abandonar la OTAN; por otro, su adhesión chocaría con la postura de otros miembros, como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, que dependen de estos arsenales para su disuasión estratégica.
La OTAN ha evitado pronunciarse públicamente sobre el TPAN, pero fuentes diplomáticas consultadas por Electo manía señalan que la alianza ve con recelo cualquier iniciativa que pueda debilitar su capacidad disuasoria. España, como país anfitrión de bases estadounidenses con armamento nuclear, se encuentra en una posición especialmente delicada: firmar el TPAN podría interpretarse como un distanciamiento de la alianza, aunque técnicamente no lo sea.
Este dilema se agudiza con la guerra en Ucrania, donde Rusia ha amenazado con usar armas nucleares tácticas. La OTAN ha respondido con un aumento de su presencia militar en Europa del Este, pero sin descartar el uso de armas nucleares en caso de conflicto. En este escenario, la adhesión al TPAN podría interpretarse como un gesto de desvinculación de la estrategia nuclear de la alianza, algo que el Gobierno español ha evitado hasta ahora.
¿Qué pasa después de la votación?
Si la iniciativa de Sumar obtiene apoyo en la Comisión de Asuntos Exteriores, el siguiente paso sería su aprobación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, el texto no es vinculante: se trata de una moción de apoyo que insta al Gobierno a iniciar el proceso de adhesión, pero no obliga a Sánchez a actuar.
El Ejecutivo tendría que negociar con la OTAN y con otros aliados para evitar tensiones diplomáticas. Carlos Umaña, de la Alianza por el Desarme Nuclear, ha advertido de que el momento es «clave»: «El Gobierno ha expresado su rechazo a la disuasión nuclear, y ahora tiene la oportunidad de dar un paso histórico». Pero la realidad es que España depende militarmente de Estados Unidos, y cualquier cambio en su postura nuclear podría generar fricciones con su principal aliado.
Mientras, la opinión pública parece clara: el 80% de los españoles apoya la firma del TPAN, según la encuesta de ICAN. Esto podría presionar al Gobierno a dar un paso que, hasta ahora, ha evitado por temor a romper el consenso con la OTAN. La votación de este martes será, por tanto, un termómetro no solo de la voluntad parlamentaria, sino también de la disposición del Ejecutivo a priorizar el desarme sobre la alianza atlántica.
Lo que está en juego no es solo un tratado, sino el futuro de la política de seguridad de España en un mundo donde el riesgo nuclear ya no es una amenaza lejana, sino una posibilidad real.
