La medida, impulsada por Vox e Iustitia Europa, exige probar el exilio político para evitar un ‘pucherazo’ según el Tribunal. España en vísperas de 2027
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de unos 400.000 descendientes de españoles nacionalizados por la ley de Memoria Democrática, una decisión que afecta directamente a beneficiarios de la llamada *ley de nietos* y que ha generado alarma entre colectivos en Argentina, Cuba y otros países. La orden, adoptada tras un recurso de Vox e Iustitia Europa, exige demostrar que el exilio familiar fue por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual, un requisito que organizaciones como *Apoyar Madrid* consideran «imposible de probar» para muchos afectados.
La suspensión responde a un recurso contra un acuerdo de la Junta Electoral Central, que se declaró incompetente para fiscalizar los efectos electorales de la ley de 2022. El Supremo argumenta que el «incremento extraordinario» del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) —con 434.000 inscritos en Argentina para las elecciones de 2023, donde solo votó el 6,2%— podría afectar a la «objetividad y transparencia» del proceso electoral, alimentando teorías de *pucherazo* por parte de la derecha y ultraderecha. La medida, que no cuestiona la nacionalidad ni paraliza los trámites, obliga a los afectados a acreditar documentalmente su condición de exiliados, algo que para muchos es «cuestión de vida o muerte», según Adriana Górriz, del Centro de Descendientes de Españoles Unidos en Argentina.
El contexto es clave: España afronta 2027 con elecciones generales en el horizonte, y la decisión del Supremo —que busca resolver el caso antes de diciembre— ha reavivado el debate sobre los derechos de los españoles en el exterior. Mientras el PSOE urge a una solución «cuanto antes», Sumar ha anunciado una enmienda en el Congreso para garantizar el voto de estos descendientes. Organismos como la Federación de Sociedades Españolas en Argentina alertan de que la medida podría ampliarse y crear «ciudadanos de primera y segunda», según Renato García, presidente de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia en Cuba.
La ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, permitió la nacionalización de más de 100.000 descendientes de exiliados republicanos. Sin embargo, su aplicación electoral ha sido cuestionada por partidos como Vox, que la consideran una herramienta para «manipular el censo». El Supremo, al suspender el voto, busca evitar un conflicto judicial mayor antes de las elecciones, pero la medida ya ha generado tensiones: el 93,8% de los inscritos en el CERA en 2023 no votó, lo que refleja un desinterés histórico por el sufragio en el exterior, según datos de la Junta Electoral.
Mientras, el Consejo General de la Ciudadanía Española, presidido por Violeta Alonso, reclama una circunscripción exterior propia —como en Portugal o Francia— para evitar disputas sobre la asignación provincial de votos. La presidenta critica que el debate actual «estigmatiza» a los españoles en el extranjero y pide escuchar a los afectados antes de adoptar decisiones definitivas.
