La memoria oficial desmiente la versión de Ayuso sobre una oficina temporal y la primera subasta pública queda desierta
Un informe oficial de la Comunidad de Madrid contradice la versión del Ejecutivo autonómico sobre el ático de Chambera. El documento técnico elaborado para justificar la adquisición admite que el inmueble se proyectó para uso residencial. Esta memoria técnica desmiente el argumento sostenido durante dos meses por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña defendía que el piso serviría como oficina provisional durante las obras de la Puerta del Sol.
El expediente administrativo desvela que el inmueble estaba destinado a servir de «alojamiento». Este dato desmonta la justificación institucional sobre las necesidades de espacio del Gobierno autonómico. Además del revés documental, el proceso patrimonial tropieza con el desinterés del mercado inmobiliario. La primera subasta pública organizada por la administración para vender este inmueble no ha recibido ninguna oferta económica.
La gestión del patrimonio público en Madrid exige justificar cada compra mediante memorias justificativas regladas. Estos informes deben acreditar la necesidad pública antes de comprometer fondos del erario autonómico. La oposición parlamentaria en la Asamblea de Madrid fiscaliza de cerca los procedimientos de contratación del gabinete de Díaz Ayuso. Los grupos de izquierda ya han exigido explicaciones urgentes sobre los verdaderos fines de la operación.
El inmueble de Chambera sitúa al equipo de la presidenta autonómica ante una creciente presión política. La discrepancia entre los expedientes administrativos y las declaraciones públicas debilita la posición de los portavoces regionales. El gabinete autonómico no ha explicado por qué sus miembros mantuvieron la versión del uso temporal como despacho oficial.
La falta de compradores en la subasta complica la salida que buscaba la administración autonómica para liquidar el inmueble. La normativa patrimonial obliga a convocar nuevas licitaciones o rebajar el precio de salida para intentar adjudicar el piso. La controversia continuará en las próximas sesiones de control parlamentario en el parlamento autonómico.
