La presidenta madrileña desvía la atención hacia Luis Alberto Martos, quien denunció el maquillaje de prioridades quirúrgicas
Isabel Díaz Ayuso calificó este jueves de «bulo del culo de la semana» el caso de manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal, pero en lugar de señalar a los responsables directos —el jefe de Traumatología, el director médico o los pacientes afectados—, centró su crítica en el cirujano Luis Alberto Martos, quien denunció el fraude.
Martos, traumatólogo del centro, fue el primero en alertar públicamente sobre la alteración de prioridades quirúrgicas para ocultar demoras. Sin embargo, Ayuso omitió cualquier mención a los pacientes perjudicados o al equipo directivo del hospital, y en su lugar atribuyó la responsabilidad al médico que destapó el caso, en un giro que refuerza su estrategia de deslegitimación de las voces críticas dentro del sistema sanitario madrileño.
El caso se enmarca en una patrón recurrente en la Comunidad de Madrid: desde 2022, al menos tres hospitales (Ramón y Cajal, La Paz y Gregorio Marañón) han sido investigados por irregularidades en listas de espera, según datos de la Consejería de Sanidad. En el Ramón y Cajal, el escándalo estalló en mayo de 2026 tras filtrarse un informe interno que revelaba que pacientes con fracturas graves esperaban hasta 120 días para una cirugía urgente, frente a los 30 días establecidos por protocolo.
La respuesta de Ayuso contrasta con la de otros gobiernos autonómicos, como el valenciano, donde el conseller de Sanidad Manuel Llorca dimitió en 2025 tras un caso similar en el Hospital de Denia. Mientras, en Madrid, la presidenta no solo evita asumir responsabilidades directas, sino que reorienta el debate hacia quien expone los problemas, una táctica que ya empleó en 2023 con el caso de los ERES falsos en residencias.
El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, presente en el pleno, no añadió detalles sobre medidas disciplinarias o investigadoras contra los autores materiales del fraude. La Asamblea de Madrid, controlada por el PP, no ha convocado ninguna comisión de investigación independiente, a diferencia de lo ocurrido en Cataluña con el caso del Hospital Sant Joan de Reus (2024), donde el Parlament sí abrió una comisión parlamentaria.
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid (COM) ya había advertido en julio que el 42% de los facultativos encuestados en la región denunciaban presiones políticas para ocultar datos sanitarios. Martos, por su parte, ha anunciado que presentará una denuncia por obstrucción a la justicia contra quienes, según él, intentaron silenciar su testimonio.
