La Oficina del Censo Electoral oculta datos clave tras la instrucción de Puente que amplió la ley de tataranietos; el Supremo ordena transparencia
La Oficina del Censo Electoral (OCE) ha ocultado durante meses el impacto real de la instrucción de Sofía Puente, que amplió la ley de Memoria Democrática a tataranietos. Según datos internos revelados por *El Debate*, el censo exterior ha crecido un 19,96% en cuatro años —de 2.290.583 electores en noviembre de 2022 a 2.747.688 en agosto de 2026—, pero la OCE manipuló el cronómetro para restar 1.119 electores del primer mes de crecimiento, ocultando así el verdadero alcance de la medida.
El ritmo de altas se disparó: de 1.119 electores netos en noviembre de 2022 (primer mes tras la instrucción) a 20.536 en agosto de 2026, una multiplicación por 18,35. Sin embargo, la OCE solo publica datos agregados sin desglosar cuántos de esos nuevos votantes obtuvieron la nacionalidad por la vía de la Memoria Democrática, lo que convierte estos registros en una ‘caja negra’ controlada por el Gobierno. El Tribunal Supremo ya ordenó abrir estos datos tras recursos de *Iustitia Europa* y *Vox*, pero la OCE sigue sin cumplir.
Al frente de la oficina está Elena Manzanera, experta en estadísticas nombrada por Pedro Sánchez en 2023. Su trayectoria incluye cargos en Andalucía con gobiernos socialistas (Chaves, Griñán, Díaz) y su repesca por el Ejecutivo coincidió con el salto del censo exterior. La Junta Electoral Central (JEC), órgano constitucionalmente encargado de supervisar la OCE, carece de información detallada para verificar estos incrementos, lo que dificulta el control político sobre el proceso.
El contexto es clave: en las generales de 2023, 14 provincias decidieron el último escaño por menos de un punto. Con un censo exterior en crecimiento acelerado y sin transparencia, el riesgo de alterar resultados electorales sin supervisión independiente es real. Mientras, el CIS sitúa al PSOE 5,5 puntos por encima del PP, a pesar de la crisis de Ceuta, lo que subraya la importancia de estos datos para el futuro político.
Desde el primer cierre mensual posterior a la instrucción de Sofía Puente, el CERA ha incorporado 457.105 electores, pasando de 2.290.583 inscritos a 1 de noviembre de 2022 a 2.747.688 el 1 de agosto de 2026. Este incremento del 19,96 % refleja la magnitud de la expansión del censo exterior, aunque la OCE no publica la trazabilidad individual de cada alta, lo que dificulta identificar cuántas de esas nuevas inscripciones corresponden a beneficiarios de la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática.
