El árbitro electoral cuestiona la asignación de municipios a electores residentes en el extranjero y ordena una instrucción motivada
La Junta Electoral Central (JEC) ha exigido a la Oficina del Censo Electoral (OCE), dirigida por **Elena Manzanera**, que aclare los criterios utilizados para asignar municipios a los electores residentes en el extranjero (CERA), tras considerar que su informe no resolvía las dudas sobre la legalidad del procedimiento. El árbitro electoral subraya que la adscripción territorial —clave para determinar la provincia donde se computan los votos— carecía de transparencia y motivación en los expedientes.
El CERA, que supera ya los **480.000 electores** desde noviembre de 2022, depende de un sistema donde los consulados asignan municipios basándose en el último domicilio en España o en el «arraigo» del elector. Sin embargo, la JEC detectó que la OCE no demostró si esos criterios se aplicaban de forma homogénea en todas las representaciones diplomáticas, ni quién revisaba las decisiones ni si quedaban registradas. La falta de trazabilidad —una especialidad de Manzanera, experta en integración de registros administrativos— fue el punto clave del requerimiento.
Manzanera, nombrada presidenta del INE en 2022 por propuesta de **Nadia Calviño**, acumula tres décadas gestionando bases de datos longitudinales que cruzan información territorial y administrativa. Su trayectoria en Andalucía —donde dirigió un sistema capaz de georreferenciada datos individuales sin vulnerar el secreto estadístico— contrasta con el vacío dejado por la OCE: el único informe entregado a la JEC omitió detalles esenciales, como alertas previas sobre el crecimiento del CERA o si se inspeccionaron los consulados. La JEC recordó que la Oficina no es un «buzón», sino un órgano supervisor con potestad para inspeccionar ayuntamientos y consulados.
El plazo para responder es urgente: la JEC ordenó una nueva instrucción motivada en cada adscripción, tras el auto del **Tribunal Supremo** que cuestionó la interpretación expansiva de la **Ley de Memoria Democrática** aplicada desde 2022. Mientras, el CERA sigue creciendo, con cerca de **medio millón de electores** inscritos desde que Manzanera asumió el cargo, sin que la OCE haya activado la comunicación obligatoria prevista en la **LOREG** ante un aumento tan masivo.
La responsabilidad institucional está clara: aunque no hay indicios de manipulación, la OCE incumplió su obligación de auditar el proceso. La JEC ahora exige un desglose detallado de las adscripciones, con plazos ajustados a la decisión judicial. El caso revela un conflicto entre la **trazabilidad técnica** —especialidad de Manzanera— y la **opacidad procedural** en un censo que podría influir en las próximas elecciones.
