La Comunidad de Madrid justifica la compra como ‘inmueble institucional’ para autoridades, pero la oposición denuncia opacidad en su adquisición y destino
Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y responsable de Planifica Madrid, ha confirmado hoy que el ático de 6,3 millones de euros adquirido en abril por la Comunidad de Madrid seguirá en manos públicas, tras fracasar su intento de venderlo en julio. La decisión se anunció minutos antes de su comparecencia en la Asamblea regional, donde por primera vez el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso admitió que el inmueble —ubicado en el Paseo del General Martínez Campos— tendrá un uso residencial, contradiciendo las versiones anteriores que hablaban de oficinas institucionales.
El giro llega tras dos meses de polémica. En julio, el Ejecutivo madrileño intentó vender el ático —comprado por la empresa pública Planifica Madrid— justo un día después de que se conociera su adquisición. Ahora, García ha reconocido en un documento interno que el destino real es un ‘alojamiento institucional’, un término que incluye tanto uso permanente como ocasional por autoridades. La Secretaría General Técnica de Presidencia ya anticipó en julio esta justificación: ‘es una práctica habitual en administraciones estatales, autonómicas y locales disponer de inmuebles residenciales para autoridades’, según un informe consultado por elDiario.es.
La oposición ya había cuestionado la compra. PP y Vox exigieron transparencia desde que se supo que el ático —de 300 metros cuadrados— se adquirió por encima de su valor de mercado (el precio medio en la zona ronda los 4,5 millones). Además, la oposición denuncia que el Gobierno madrileño ocultó durante semanas el verdadero destino del inmueble, algo que ahora mismo podría ser revisado por el Tribunal de Cuentas.
El ático forma parte de un edificio de lujo en el centro de Madrid, zona donde la Comunidad ya tiene otras propiedades. Su compra se enmarca en un contexto de tensiones con el Gobierno central por competencias en vivienda y gestión de fondos europeos, un área donde Ayuso ha sido crítica con la gestión de Pedro Sánchez.
La decisión de mantener el inmueble en manos públicas evita un escrutinio público sobre su precio y uso, pero refuerza las sospechas de opacidad. La próxima semana, la oposición en la Asamblea regional pedirá explicaciones detalladas sobre los criterios de compra y los informes previos que justificaron la adquisición.
