El consejero de Presidencia comparece este jueves en la Asamblea de Madrid para aclarar la compra de 6,3 millones en pleno debate sobre su destino real
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, comparecerá este jueves en la Asamblea para justificar la compra de un ático en Chambera por 6,3 millones de euros, adquirido en abril para servir como «oficina temporal» de Isabel Díaz Ayuso. La oposición —PSOE y Más Madrid— exige los documentos de la transacción, que consideran opacos, y ha recurrido a los tribunales para investigar el caso, acusando al Gobierno autonómico de intentar convertir el inmueble en una residencia oficial sin seguir los trámites legales.
La polémica estalló en julio, cuando se reveló que el ático —ubicado en el Paseo General Martínez Campos, en el barrio donde Ayuso vivió de niña y frente a la residencia de su madre— fue comprado por Planifica Madrid, el ente público que gestiona el patrimonio autonómico. El Ejecutivo regional argumenta que el espacio se destinará a oficinas mientras se reforman los locales de la Real Casa de Correos, sede presidencial. Sin embargo, la oposición denuncia que se trata de un intento de «vivir como Dios» a costa de los servicios públicos, usando un símbolo de privilegio en plena crisis de vivienda y recortes en sanidad y educación.
PSOE y Más Madrid ya se han personado en la causa judicial abierta por la compra y han rechazado la negativa del PP a incluir en el orden del día la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, tachándola de «censura». La izquierda también cuestiona que el documento de compra —clave para aclarar el destino del inmueble— no haya sido entregado a pesar de ser «imprescindible» para preparar la intervención de García Martín, según denunciaron ayer.
El debate se enmarca en un Pleno cargado de tensiones, donde además se votarán enmiendas a la totalidad a dos proyectos de ley clave —Defensa del Contribuyente y Ordenación del Turismo— y se abordarán crisis como los incendios de la Sierra Oeste —que calcinaron 27.000 hectáreas este verano— o el colapso en urgencias hospitalarias. Mientras, Vox centrará sus preguntas en migración y servicios públicos, y el PP en el Gran Premio de Fórmula 1, evitando así profundizar en el ático, que para la izquierda es «el símbolo de la opacidad y el despilfarro» de Ayuso.
El caso refleja la estrategia de la oposición para desgastar al Gobierno autonómico antes de las elecciones de 2027: convertir un gasto concreto —6,3 millones en un inmueble en una zona céntrica— en un símbolo de corrupción y falta de transparencia. Mientras, el Ejecutivo madrileño apuesta por desdramatizar la compra, aunque sin revelar los documentos que podrían aclarar su verdadero propósito.
