Los tres expresidentes del PP cobrarán hasta 750 euros por sesión en un órgano consultivo creado tras su cese y regulado por decreto autonómico
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha nombrado a los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes como miembros de la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo que emitirá dictámenes sobre asuntos de relevancia jurídica, incluida la defensa del ático adquirido por el Gobierno regional en el paseo General Martínez Campos de Chambera. El Consejo de Gobierno aprobó los nombramientos el pasado 22 de julio, según consta en el acta de la reunión.
La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha criticado la decisión al considerar que se trata de un «pago» con fondos públicos para garantizar el apoyo de los expresidentes a la defensa de Ayuso en el caso del ático, cuya compra ha sido cuestionada por irregularidades. «Parece que Ayuso sí que ha encontrado la manera de pagar a los presidentes del Partido Popular para que le apoyen en su defensa del ático y sus viajes opacos», declaró Sánchez Acera en un comunicado remitido a los medios. El PSOE-M ha calificado la medida de «vergonzosa» en un mensaje en la red social X, donde denunció que se trata de una «paguita» a quienes, en su día, cerraron el Consejo Consultivo.
Los expresidentes percibirán una dieta de hasta 750 euros por cada sesión a la que asistan, según fuentes de la Consejería de Presidencia citadas por Europa Press. En 2025, la comisión se reunió en 45 ocasiones, lo que habría supuesto un pago máximo de 33.750 euros anuales por miembro si hubieran asistido a todas las citas. No obstante, la cuantía final dependerá de la asistencia efectiva y de las condiciones reguladas en el Decreto 59/2025, que regula el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid. Este decreto, aprobado hace un año, establece que los expresidentes que hayan ejercido al menos dos años en su cargo pueden ser nombrados vocales electivos de la comisión y recibir compensaciones económicas por su participación.
El Estatuto de Expresidentes, que homologa la normativa madrileña a la del Estado y otras comunidades autónomas, también contempla una compensación del 80% de las retribuciones durante un máximo de 24 meses para quienes hayan sido presidentes autonómicos. Además, garantiza medios personales y materiales de asistencia durante los dos años posteriores al cese. Joaquín Beguina, expresidente autonómico y actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no ha sido incluido en los nombramientos.
La Comisión Jurídica Asesora, aunque sus dictámenes no son vinculantes, constituye una referencia jurídica para la actuación de las administraciones públicas madrileñas. Su creación se enmarca en un contexto en el que el Gobierno de Ayuso ha sido objeto de críticas por la gestión de fondos públicos, como la compra del ático de Chambera —adquirido a través de la empresa pública Planifica Madrid— y los denominados «viajes opacos» de la presidenta, investigados por presunta falta de transparencia.
