El presidente de la Generalitat confirma negociaciones en Mérida pero evita detalles: «Cuando haya datos, los daremos a conocer»
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha confirmado este jueves en Mérida que el Govern trabaja con el Gobierno central para endurecer las penas por tenencia y exhibición de armas. Lo ha anunciado sin concretar plazos ni medidas, aunque ha vinculado la iniciativa a la «exigencia» del Ejecutivo catalán en materia de convivencia y orden público.
Las negociaciones, según Illa, llevan meses en marcha, pero el Govern aún no ha definido los detalles técnicos. «Cuando tengamos resultados concretos y datos, los daremos a conocer», ha asegurado en declaraciones a los medios. La falta de transparencia actual contrasta con el tono urgente que el Govern ha mostrado en otros ámbitos de seguridad, como la lucha contra la violencia de género o los disturbios urbanos.
El endurecimiento de penas por armas en Cataluña se enmarca en un debate nacional más amplio, donde comunidades como Madrid o Andalucía ya han impulsado leyes autonómicas para agilizar los juicios por delitos con armas de fuego. Sin embargo, la iniciativa catalana destaca por su enfoque en la coordinación con el Gobierno central, algo menos común en otras regiones. Illa no ha especificado si la propuesta incluirá modificaciones al Código Penal estatal o se limitará a competencias autonómicas como la policía local.
La medida llega en un contexto de creciente tensión por incidentes violentos en Cataluña, como las protestas independentistas o los altercados en barceloneses. El Govern ha priorizado en los últimos meses políticas de «mano dura» en seguridad, aunque sin avances legislativos concretos hasta ahora. La oposición, especialmente el PP y Vox, podría presionar para que las penas sean más severas, mientras que sectores progresistas advierten del riesgo de criminalizar a colectivos como cazadores o coleccionistas.
El texto fuente no menciona reacciones concretas de otros partidos o instituciones, pero el anuncio de Illa abre una ventana para que el Parlamento catalán o el Congreso debatan la propuesta en las próximas semanas. La falta de detalles técnicos actual limita su impacto mediático, pero la confirmación de negociaciones con Madrid eleva su relevancia política.
