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Jue. Sep 17th, 2026

Tardón cita a Vivas y ordena 18 folios de diligencias para investigar el colapso de Ceuta

El PP pide declarar agentes de autoridad a militares en Ceuta
Panarria (CC BY 2.5, Wikimedia Commons)
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La jueza de la Audiencia Nacional solicita datos a Meta, WhatsApp y Google sobre convocatorias online y analiza financiación de la movilización masiva

María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local. Lo hace en el marco de la investigación sobre la entrada masiva de más de 70.000 personas en julio, un auto de 18 folios que marca el primer gran avance desde que asumió el caso la semana pasada.

Tardón solicita a Meta, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, Google y Apple datos sobre las convocatorias online que precedieron al 30 de julio. También ordena una «pieza separada de investigación tecnológica» con naturaleza secreta para analizar esa información. Además, reclama informes a la Policía Nacional y al CNI sobre posibles agentes marroquíes que colaboraron en la movilización y pide identificar a gendarmes uniformados presentes en la frontera durante los hechos.

La jueza también exige un informe financiero sobre la logística de la movilización, ya que «una entrada de entre 75.000 y 85.000 personas difícilmente puede producirse sin recursos materiales». La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) deberá analizar movimientos de fondos, sistemas informales como hawala y contratación de transporte colectivo. Además, se investigarán inmuebles en Ceuta usados por migrantes para ocultarse.

El auto incluye solicitudes de alertas previas a la crisis a 12 instituciones, desde el Ministerio del Interior hasta la Guardia Civil. Tardón destaca que este punto es «de particular relevancia» para determinar qué información tenía España antes de la entrada masiva. La investigación también comparará este episodio con otras crisis similares en 2021, 2024 y 2026.

La Audiencia Nacional asume así un papel clave en un caso que ha tensado las relaciones entre España y Marruecos. La jueza busca determinar no solo el origen de la movilización, sino también la respuesta institucional española, con diligencias que abarcan desde inteligencia policial hasta análisis de redes sociales.

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