Óscar Puente advierte de un ‘callejón sin salida’ tras rechazar las parcelas portuarias para 1.800 migrantes; el Ejecutivo acusa a PP y al presidente ceutí de ‘enquistar’ la crisis
La Audiencia Nacional ha paralizado provisionalmente la instalación de dos campamentos temporales en el puerto de Ceuta para albergar a 1.800 migrantes, dejando al Gobierno sin un plan B inmediato. Las parcelas portuarias —de 16.000 metros cuadrados y ya acondicionadas con saneamiento, agua y oficinas para filiaciones— fueron bloqueadas por una cautelarísima del tribunal, que reclamó el expediente administrativo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que el Ejecutivo se enfrenta a un ‘callejón sin salida’: si la Audiencia mantiene la medida, no hay otra ubicación viable en la ciudad autónoma.
El Gobierno había invertido un mes buscando alternativas —incluidos polideportivos— antes de acordar con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, usar las parcelas. Sin embargo, la Autoridad Portuaria rechazó finalmente su cesión. Puente criticó que ‘hay quien quiere que hagamos magia’ y acusó al PP y a Vivas de ‘poner palos en las ruedas’ para que la crisis ‘se enquiste’. El ministro también reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber avanzado en el reparto de menores entre comunidades autónomas, un proceso que, según Puente, ‘se está estancando’.
La paralización refuerza el relato del Ejecutivo sobre una gestión obstaculizada. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, instó a la Audiencia a resolver ‘con urgencia’ la cautelarísima para ‘devolver la normalidad’ a Ceuta. Ambos ministros coincidieron en que las condiciones de los campamentos portuarios —perimetrados y con servicios básicos— superan la situación actual de migrantes en la calle. Sin embargo, admitieron que encontrar otra solución en Ceuta, una ciudad de solo 85 km², es ‘complicado’.
El bloqueo judicial llega en un momento clave: el Gobierno ya había iniciado los trámites para filiar a los migrantes en los campamentos antes de que la Audiencia interviniera. Puente calcula que el tribunal podría pronunciarse ‘hoy o mañana’, pero no descartó que la medida se alargue. Mientras, la crisis persiste: según datos del Ministerio del Interior, Ceuta acumula más de 10.000 llegadas irregulares en lo que va de año, un 40% más que en 2025.
El contexto legal es clave: la Audiencia Nacional actúa en el marco de la Ley de Extranjería (artículo 31), que regula los centros de internamiento. Sin embargo, el Gobierno argumenta que las parcelas portuarias no son ‘internamiento’, sino ‘acogida temporal’ para regularizar su situación. La decisión del tribunal podría sentar un precedente sobre cómo se gestionan estos espacios en situaciones de emergencia.
