La Orden Ministerial publicada hoy en el BOE establece subastas anuales y un límite de emisiones de CO₂ para cada tecnología, beneficiando a centrales nucleares y ciclos combinados frente a renovables
El Gobierno ha aprobado este jueves las bases del **mercado de capacidad eléctrica**, un sistema de subastas que busca asegurar el suministro eléctrico en periodos de alta demanda, con un coste estimado de **9.000 millones de euros** para los consumidores. La medida, publicada en el BOE mediante una Orden Ministerial de la vicepresidenta tercera, **Sara Aagesen**, prioriza tecnologías de generación constante como las nucleares o los ciclos combinados de gas, en detrimento de las renovables intermitentes como la eólica o la fotovoltaica.
El sistema funcionará mediante **tres tipos de subastas**: principales (para contratos de hasta cinco años, ampliables a nueve en casos excepcionales), transitorias (anuales y limitadas a instalaciones ya existentes) y de ajuste (extraordinarias para cubrir imprevistos). La primera subasta transitoria se celebrará en 2027, según detalla la Orden. El coste de las subastas —financiado por los consumidores a través de la factura de la luz— se destinará a pagar a los operadores que ofrezcan capacidad de respaldo, un mecanismo que sustituye al actual sistema de *incorruptibilidad* (pagos a industrias por desconectarse en momentos de tensión).
La Comisión Europea ya validó en mayo este mercado como ayuda de Estado, alineándose con modelos similares en Francia o en desarrollo en Alemania. Sin embargo, la medida genera controversia: mientras el Gobierno la presenta como un «seguro» para evitar cortes, **asociaciones ecologistas y renovables** advierten de que favorece tecnologías contaminantes en un contexto de transición energética. La primera subasta principal podría convocarse en 2028, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
**¿Quién sale ganando?** Las centrales nucleares (como las de **Trillo o Ascó**) y los ciclos combinados de gas —tecnologías con generación estable— tendrán ventaja en las subastas, ya que el sistema evaluará la *firmeza* de cada oferta antes de fijar precios. Las renovables, dependientes de condiciones climáticas, quedarán en desventaja, a menos que demuestren capacidad de almacenamiento o respaldo. El plazo de cinco a nueve años para las inversiones adjudicadas busca atraer proyectos de larga duración, como centrales hidroeléctricas o de bombeo.
**¿Qué pasa después?** Las subastas transitorias (anuales) y de ajuste (extraordinarias) actuarán como colchón hasta que las principales —previstas para 2028— cubran la mayor parte de la demanda de respaldo. El mecanismo, gestionado por **Red Eléctrica**, entrará en vigor una vez se celebren las primeras licitaciones, con el objetivo de evitar racionamientos como los de 2022, cuando España dependió de la *incorruptibilidad* para mantener el suministro.
