Reconstruyen cauces clave como el Júcar-Turia y el Poyo, pero las Zonas de Almacenamiento Controlado y la ampliación del Turia no salen de los estudios. Dos años después, 231 muertos y solo parches provisionales
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dado por finalizadas las 17 obras de emergencia emprendidas tras las riadas del 29 de octubre de 2024, que dejaron 231 muertos en Valencia, Teruel, Cuenca y Castellón. Con una inversión de 220 millones de euros gestionados por vía urgente, el organismo ha reparado cauces e infraestructuras críticas, pero estos trabajos solo devuelven la operatividad perdida y refuerzan de forma provisional las defensas, sin abordar los proyectos estructurales que eviten futuras catástrofes.
Entre las actuaciones completadas destacan la reconstrucción del canal Júcar-Turia —clave para el suministro de agua potable a Valencia y su área metropolitana— y el canal Campo de Turia, que atiende a Villar del Arzobispo y 24.500 hectáreas de regadío. También se han rehabilitado estaciones de aforo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y se han ampliado capacidades puntuales en cauces como el barranco del Poyo en Chiva, donde las obras triplicaron su capacidad de desagüe, o en el río Turia, donde se actuó sobre 75 kilómetros de cauce y se reponen cuatro pasarelas en su Parque Fluvial.
Sin embargo, los planes definitivos para reducir el riesgo de inundación siguen en fase de diseño. La CHJ trabaja en diez proyectos estructurales —adjudicados por cuatro millones de euros a alianzas como Typsa-Gecival— para las cuencas del Poyo, Magro y Pozales-Saleta, pero su ejecución real se retrasará por el proceso de alegaciones de ayuntamientos y colectivos. Entre las medidas pendientes figuran Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) para retener caudales, parques inundables en zonas urbanas y la ampliación del cauce del Turia, que requeriría aumentar su capacidad antes de derivar agua desde el Poyo.
El Gobierno prevé presentar en otoño las primeras propuestas del plan integral, pero dos años después de la catástrofe, las soluciones definitivas siguen en el papel. Mientras, la CHJ advierte: los 220 millones invertidos en emergencias son solo un parche sobre un territorio que sigue vulnerable.
