El Gobierno admite que la crisis de Ceuta ha enterrado su agenda de vivienda y que la ley mordaza, bloqueada ocho años por Marlaska, es la única norma con opciones de salir del Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a su entorno que el calendario político quedará condicionado por la presentación del proyecto de Presupuestos en diciembre. Si las cuentas son rechazadas en el debate de totalidad, el anuncio de elecciones generales llegaría para finales de febrero o principios de marzo. Así lo admiten fuentes oficiales, que sostienen que la decisión «no está decidido, pero eso tiene sentido, es una posibilidad».
La crisis de Ceuta y la gestión posterior del Ejecutivo han copado la agenda política y seguirán haciéndolo durante meses. La investigación judicial en la Audiencia Nacional, con versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre las alarmas omitidas, añade un frente que el Gobierno da por hecho. En el Ejecutivo se ha empezado a cuestionar a la jueza María Tardón por sus años como concejal del PP en Madrid.
El curso político arrancó con una agenda que la crisis de Ceuta ha dejado en suspenso. Esta misma semana Sánchez participó en dos actos sobre vivienda que, según admite el propio Gobierno, pasaron inadvertidos. Eso ha convencido al Ejecutivo de que compaginar la gestión de Ceuta con el plan previsto será muy difícil, por lo que se ralentizan los anuncios de medidas sociales.
El calendario que solo maneja Sánchez
En el Gobierno no hay constancia de qué iniciativas pueden salir adelante en lo que queda de mandato. En algunos de los escenarios contemplados quedarían apenas cuatro meses de legislatura, tiempo en el que solo podrían aprobarse unas pocas normas de las muchas atascadas en el Congreso. No hay margen material para leyes complejas como la de Enjuiciamiento Criminal. La reforma de la ley mordaza, bloqueada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde hace ocho años, es una de las que sí tendrían opciones.
La fecha de las elecciones generales solo está en la cabeza de Sánchez. «No he hablado con él de ese tema» es una respuesta habitual en su entorno más cercano. Entre los ministros hay incertidumbre e inquietud, según se constata en distintos departamentos. El presidente se ha comprometido públicamente a que no habrá «superdomingo electoral», es decir, coincidencia de generales con autonómicas y municipales.
Ya antes de verano, Sánchez expresó al PNV en una sesión de control en el Congreso su voluntad de presentar los Presupuestos y, si no se aprueban, convocar elecciones. A partir de ahí ha dejado claro que incumplirá de nuevo la previsión constitucional que obliga a presentarlos antes de fin de septiembre. Ahora asegura que las cuentas irán al Congreso antes de fin de año.
Sin conversaciones y con las encuestas en contra
Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno explican que en este momento no hay conversaciones sobre los Presupuestos. El PNV empezó a hablar con el Ejecutivo antes de verano, pero ese diálogo se frenó. Hacienda no lo reabrirá como mínimo hasta finales de septiembre. Todos coinciden en que las perspectivas de acuerdo son muy limitadas, porque cada partido busca ya su propia salida hacia las elecciones y se distancia del PSOE.
Al propio Sánchez le conviene esa excusa del rechazo de las cuentas para presentar los Presupuestos como si fueran su programa electoral. El retraso también le libera de la presión de los candidatos municipales y autonómicos, que trasladan su miedo a pagar el 23 de mayo el desgaste del Gobierno, como ya ocurrió en 2023.
El presidente tiene un inconveniente añadido: la falta de fuerza de las opciones a su izquierda. Sumar, o como se vaya a llamar, no tiene aún candidato para encabezar su lista y sigue buscando. La estrategia del PSOE pasa por lograr un resultado digno sostenido por votos arrebatados a su izquierda, aunque eso haga imposible formar mayoría para una investidura.
