El Tribunal Supremo declaró ilegal en 2021 las devoluciones colectivas; Marruecos ignora desde hace años los expedientes de repatriación
Ceuta alberga actualmente entre 700 y 1.000 menores marroquíes no acompañados sin identificar, según estimaciones del mando único para la crisis migratoria. Estos adolescentes, con edades entre los 14 y 17 años, pernoctan en naves del polígono del Tarayal, donde denuncian peleas con apuñalamientos, hambre y heridas infectadas. El Gobierno central no puede actuar sin el visto bueno de la ciudad autónoma, que rechaza las devoluciones a Marruecos.
La situación se agrava por un marco legal estricto: el Tribunal Supremo declaró ilegal en 2021 las devoluciones colectivas de menores, exigiendo trámites individualizados. En mayo de ese año, el Ministerio del Interior intentó repatriar a 45 menores, pero el Supremo anuló la operación por incumplir estos requisitos. Desde entonces, Marruecos ignora sistemáticamente los expedientes de repatriación, según fuentes ministeriales.
Los menores entrevistados —como Tarek (16 años), Fitah (16), Yasim (17) o Sulaymán (17)— afirman que sus familias en Marruecos no quieren que regresen. ‘No hay futuro allí’, explican, mientras las redes sociales inundan de vídeos con la canción *Adiós Marruecos, hola Málaga*. Ceuta, que ya acogía 1.899 menores no acompañados el pasado viernes, redondea la cifra en 2.000 por fluctuaciones diarias. La competencia sobre su tutela es exclusiva de la ciudad autónoma, que bloquea cualquier decisión central.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha abogado públicamente por expulsar a ‘todos’ los migrantes, pero evita firmar órdenes concretas por el riesgo de repetir la prevaricación de 2021. Mientras, los menores esperan ser reubicados en la Península, aunque el proceso depende de que Ceuta desbloquee la situación. Las autoridades locales insisten en que no hay traslados ni devoluciones en marcha.
El contexto legal y político se complica: el Gobierno central no puede actuar sin Ceuta, y esta última se niega a colaborar con Marruecos. La crisis refleja un vacío institucional: ni el Estado ni la ciudad autónoma tienen una solución clara para menores que, según denuncian, ‘malviven’ en condiciones insalubres. La última cifra oficial de menores no acompañados en Ceuta —1.899— no incluye a los 700-1.000 sin filiar, lo que duplica la emergencia.
