El Alto Tribunal suspende de forma provisional la inscripción de nuevos votantes por la norma y las autonomías del PP buscan blindar sus censos con el Estatuto
El Tribunal Supremo ha suspendido de forma provisional la inscripción de nuevos votantes en el registro del voto CERA, el sistema que permite sufragar a los españoles residentes en el extranjero, tras la instrucción sobre la conocida como ‘ley de nietos’. La decisión responde a la petición de Iustitia Europa y Vox, que habían solicitado paralizar los efectos de esa norma sobre la formación del censo electoral de cara a próximas elecciones generales. El fallo definitivo llegará en dos o tres meses, antes de Navidad.
La paralización ha reabierto la sospecha de irregularidades en el voto exterior de las generales del 23 de julio de 2023. En aquellos comicios, 2.327.388 personas tuvieron derecho a votar fuera de España. Varios miles de ellas obtuvieron la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’, una instrucción que el Supremo considera irregular. Según ha podido saber Vozpópuli, todos esos votantes deberán volver a acreditar su condición de exiliados por los mecanismos habituales, porque lo que presentaron en 2023 ya no es válido.
Fuentes políticas de la derecha sostienen que «si aquello fue el prólogo, no quiero ni imaginar de qué hubiesen sido capaces si el Supremo no lo hubiera parado». El Gobierno de Pedro Sánchez ha cargado en cascada contra los jueces, según el relato de los mentideros políticos, consciente de que la estrategia ha desmontado por el momento la ‘remontada’ electoral que esperaba a través de los escaños procedentes de las papeletas CERA.
El precedente de las generales del 23-J
El origen del conflicto está en la instrucción que Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, realizó sobre la ‘ley de nietos’. Esa norma permitió inscribir en el censo electoral a descendientes de españoles que obtuvieron la nacionalidad por esa vía. Para el Supremo, la instrucción es irregular, y su suspensión provisional deja en el aire la validez de los inscritos bajo ese paraguas. La resolución definitiva del Alto Tribunal está prevista para antes de Navidad, un plazo que condiciona cualquier movimiento de los partidos.
El PP y Vox han respirado aliviados con la paralización momentánea. Ambas formaciones han agitado la bandera del pucherazo en un voto exterior que consideran ensombrecido desde hace años. La derivada del asunto es que los afectados por la ‘ley de nietos’ tendrán que demostrar de nuevo su condición, lo que en la práctica puede dejar fuera del censo a parte de los inscritos en 2023.
Madrid blinda el censo con su Estatuto de 1983
Las autonomías gobernadas por el PP han empezado a mover ficha ante la cita electoral de mayo. Sus equipos jurídicos buscan cómo proteger los comicios de la nueva norma del Gobierno. En la Comunidad de Madrid creen haber encontrado la vía en su Estatuto de Autonomía, una ley de 1983. El texto reconoce derechos políticos a los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la región y lo acrediten en el consulado correspondiente. También a sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan en la forma que determine la ley estatal.
Con ese argumento, la Comunidad de Madrid ha alegado ante la Junta Electoral Central que quienes quieran votar en la región deben acreditar que ellos mismos o sus antepasados tuvieron su última residencia en Madrid antes de emigrar. El epígrafe del Estatuto madrileño figura de forma casi idéntica en la práctica totalidad de las comunidades. Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León cuentan con apartados similares, que exigen demostrar que la última residencia del votante o de sus antepasados está en la región donde quiere ejercer el derecho al voto. Cataluña, en cambio, pide ese arraigo pero no obliga a demostrarlo.
Una cita electoral en mayo y un fallo antes de Navidad
El calendario aprieta a ambos lados. Las comunidades que colocan urnas en mayo necesitan resolver antes cómo queda su censo exterior, porque el Supremo no tiene previsto cerrar el caso hasta antes de Navidad. Ese desfase obliga a las autonomías a anticipar medidas legales sin conocer aún el sentido definitivo del fallo. La Junta Electoral Central es el organismo al que han recurrido las regiones del PP para intentar blindar sus comicios con el Estatuto en la mano.
El pulso tiene una dimensión política añadida. El Gobierno de Sánchez había depositado parte de su expectativa electoral en los escaños que llegan por el voto CERA, y la suspensión de la ‘ley de nietos’ deja esa vía en suspenso. El PP y Vox, por su parte, han convertido la limpieza del voto exterior en un argumento recurrente. Lo que ocurra con los miles de inscritos en 2023 y con los censos de mayo depende ahora de dos decisiones: la del Supremo antes de Navidad y la de la Junta Electoral Central sobre el uso del Estatuto por parte de las autonomías.
