La ley aprobada crea un registro público de *lobbies*, pero la oposición bloqueó su tramitación en el Congreso
Pedro Sánchez ha acusado este jueves al Partido Popular y Vox de votar en contra de la ley de transparencia de grupos de interés (*lobbies*), una norma que establece un registro estatal público y obligatorio de estas entidades, la publicación de reuniones de altos cargos con ellos y sanciones por incumplimiento. El presidente del Gobierno lo ha hecho en un vídeo publicado en X, donde les ha reprochado: *que no quieren que sepamos con quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven*.
La ley, aprobada en el Congreso, incluye medidas como un registro estatal de *lobbies*, la obligación de publicar reuniones de altos cargos con estos grupos y la creación de una *»huella normativa»* para identificar quién intentó influir en leyes concretas. Sánchez ha destacado que estos avances fueron reclamados por la Unión Europea y ya existen en otros países, pero la oposición los bloqueó. *»Hoy el PP y Vox han votado a favor de la opacidad y en contra de la transparencia»*, ha rematado.
El registro público de *lobbies* es una demanda histórica de organizaciones como Transparencia Internacional, que denuncia la falta de control sobre estas entidades en España. Según datos del Congreso de los Diputados, en 2025 había más de 3.500 grupos de interés registrados, pero sin obligación de transparencia. La ley aprobada ahora obliga a estos grupos a inscribirse, declarar sus fuentes de financiación y publicar sus reuniones con políticos.
El PP y Vox votaron en contra de la norma en su tramitación parlamentaria, argumentando que limitaría la libertad de asociación. Sin embargo, Sánchez ha subrayado que la ley no prohíbe el *mobbing*, sino que lo regula: *»No se trata de prohibir, sino de transparentar»*. La norma entrará en vigor en enero de 2027, aunque su aplicación dependerá de la aprobación de los presupuestos generales.
Esta ley se enmarca en un debate más amplio sobre la transparencia en la política española, donde casos como el de Francisco Granados (exasesor de Sánchez) o las investigaciones sobre financiación irregular han aumentado la presión para regular estos grupos. La oposición, sin embargo, mantiene su postura: para el PP, la ley es *»excesivamente restrictiva»*, mientras que Vox la considera *»una intromisión en la libertad de los ciudadanos»*.
