PP, Vox, Junts y UPN rechazan la norma por incluir a sindicatos y patronal; Bruselas exige su aprobación para el último pago de 26.000 millones
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, ha fracasado este miércoles en su intento de convalidar en el Congreso el real decreto ley que regulaba por primera vez los grupos de interés o lobbies en España. La Cámara Baja ha rechazado la norma por 179 votos en contra —PP, Vox, Junts y UPN—, 155 a favor —incluyendo a Sumar y ERC— y 12 abstenciones —Podemos, PNV y Bildu—. La decisión deja en riesgo 1.500 millones de euros de fondos europeos, vinculados al plan de recuperación, y obliga al Gobierno a presentar un nuevo texto antes de octubre para evitar sanciones de Bruselas.
El decreto, impulsado por el Ejecutivo para cumplir compromisos con la Unión Europea, generó rechazo desde el inicio por su inclusión explícita de sindicatos y patronal en el registro de lobbies. Aunque el texto excluía a administraciones públicas, partidos políticos y autoridades extranjeras, la ambigüedad en su redacción —y la obligación de inscribirse en un registro público— desencadenó la oposición frontal de agentes sociales, partidos y grupos parlamentarios. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, llegó a suspender todo contacto con el Gobierno hasta la votación, mientras sindicatos como UGT y CCOO tacharon la medida de «despropósito» y amenazaron con «rebelarse» si se aplicaba.
López intentó negociar en el Congreso una enmienda que excluyera a sindicatos y patronal del ámbito de aplicación, pero su propuesta —un nuevo real decreto antes de octubre— no convenció. Junts se abstuvo por considerar el texto «demasiado denso», mientras ERC votó a favor pese a criticar su tramitación. Sumar, socio minoritario del Gobierno, exigió al Ejecutivo una fecha concreta para el decreto prometido, aunque finalmente apoyó la convalidación. Podemos, por su parte, se abstuvo.
Desde la oposición, Vox acusó al Gobierno de «atentar contra la separación de poderes» y lo calificó de «autocrático». El PP, aunque coincidió en la necesidad de regular los lobbies, rechazó la norma por no excluir a sindicatos y patronal, y propuso reactivar el proyecto de ley que decayó en la legislatura anterior.
El precedente europeo y el riesgo de fondos
La regulación de lobbies es pionera en España, pero no en la Unión Europea, donde se implantó por primera vez en 2011. Bruselas ya cuenta con un registro de casi 18.000 organizaciones e individuos que buscan influir en sus políticas. CEOE, UGT y CCOO están registrados en la base de datos europea, lo que refuerza su argumento de que su papel como agentes sociales —reconocido en la Constitución— los excluye de esta normativa.
El Gobierno había prometido a Bruselas aprobar esta norma como parte de las reformas pactadas en el plan de recuperación. El hito estaba incluido en la última solicitud de pago, que concluye este año y asciende a 26.000 millones de euros. La no aprobación podría suponer la pérdida de hasta 1.500 millones, aunque la Comisión Europea aún no ha detallado el importe exacto de la sanción. La norma obligaba a crear un registro público de lobbies, con acceso gratuito, y a que los altos cargos publicaran en un mes todas sus reuniones con estos grupos. El incumplimiento preveía sanciones de hasta 40.000 euros y prohibición de actividad durante cinco años.
¿Qué pasa ahora?
El Gobierno tiene hasta octubre para presentar un nuevo texto que excluya a sindicatos y patronal, según anunció López en el Congreso. Sin embargo, la división en la coalición gobernante —Sumar exige garantías, mientras PSOE prioriza cumplir con Bruselas— y el rechazo de la oposición complican su aprobación. Junts y PNV han dejado claro que no apoyarán ninguna versión del decreto actual, mientras Vox y el PP exigen una ley ordinaria, no un real decreto.
La patronal y los sindicatos, por su parte, mantienen su postura: no se inscribirán en un registro que los equipara a empresas privadas. Garamendi insistió en que su relación con el Gobierno es «constitucional y no negociable», mientras UGT y CCOO reiteraron que «no son lobbies». La tensión entre el Ejecutivo y los agentes sociales se agrava en un contexto de negociación salarial y reforma laboral, donde la confianza ya está rota.
Bruselas observa con atención el desarrollo de este conflicto. Si el Gobierno no presenta una solución antes de octubre, la Comisión Europea podría retrasar —o incluso denegar— el último pago de los fondos de recuperación, con consecuencias económicas directas para España. La presión sobre el Ejecutivo crece: no solo por el riesgo de sanciones, sino porque la falta de regulación deja a España como el único país de la UE sin un registro público de lobbies.
Actualización (16 de septiembre a las 20:25):
El decreto, aprobado en Consejo de Ministros el 25 de agosto, cae por 179 votos en contra tras incluir a patronal y sindicatos en la regulación; López promete excluirles en una modificación antes de octubre
Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha visto cómo su decreto para regular los grupos de interés con el sector público se hundía este miércoles en el Congreso. La iniciativa, que pretendía crear un registro estatal público y obligatorio de lobbies, ha sido rechazada por 179 votos en contra —PP, Vox, Junts, UPN—, 155 a favor —PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG— y 12 abstenciones —PNV, Podemos y tres diputados de Sumar—. La votación, que ha dejado al Gobierno en minoría parlamentaria, responde a dos motivos clave: la inclusión de sindicatos y patronal en la regulación —a pesar de estar excluidos en el proyecto de ley original— y el uso de un decreto ley para aprobar una norma que llevaba tramitándose desde febrero de 2025.
El texto, aprobado en Consejo de Ministros el 25 de agosto —tras el parón vacacional—, buscaba cumplir un compromiso incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y evitar el corte de fondos europeos, cuyo plazo límite era el 31 de agosto. Sin embargo, la presión de los partidos y los agentes sociales —CEOE, UGT y CC OO— ha obligado al Gobierno a retroceder. López, en su intervención en el Congreso, se comprometió a presentar antes de octubre un real decreto ley que excluya explícitamente a sindicatos y patronal de la regulación, aunque ya había asegurado en tribuna que el diálogo social «queda al margen» de la norma.
El rechazo ha sido transversal. Josep Pagès, diputado de Junts, acusó al Gobierno de «legislar para las grandes empresas del Ivet 35» y no para las pymes y cooperativas catalanas. Emilio Jesús del Valle, de Vox, denunció un «atentado a la separación de poderes» y tachó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «amenaza a la democracia». Mientras, Edurne Uriarte, del PP, vinculó la norma a Alfredo Pérez Rubalcaba, al que calificó de «oscuro comisionista» en referencia a su pasado como asesor de empresas.
El registro, de carácter público, gratuito y electrónico, ya contaba con más de 300 solicitudes de inscripción y 3.000 consultas antes de su caída. Sin embargo, la inclusión de sindicatos y patronal —a pesar de su exclusión inicial— ha generado desconfianza. Carlos Martín, diputado de Sumar, tachó de «gravísimo error» la modificación y advirtió: «Son el fundamento de nuestro mercado de trabajo». Néstor Rego, del BNG, cuestionó que reuniones entre sindicatos y ministras pudieran considerarse lobbismo, mientras Francesc-Marc Álvaro, de ERC, alertó sobre la ambigüedad del término «diálogo social» frente a «influencia directa».
Oskar Matute, de EH Bildu, aunque apoyó el decreto, exigió una regulación «más ambiciosa» en garantías y trazabilidad económica. Mikel Legarda, del PNV, criticó el «cuestionable procedimiento» de aprobar un decreto cuando el Congreso llevaba un año tramitando un proyecto de ley sobre el mismo tema.
El contexto: por qué el Gobierno optó por un decreto ley
La norma, que debía aprobarse antes del 31 de agosto para no perder fondos europeos, se aprobó en Consejo de Ministros el 25 de agosto, tras el parón vacacional. El Gobierno argumentó que el decreto mejoraba «la calidad democrática del país» y que no afectaba al diálogo social. Sin embargo, la oposición y parte de la coalición de gobierno —como Yolanda Díaz, vicepresidenta y candidata a la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo, que no votó— cuestionaron tanto el fondo como la forma.
El proyecto de ley original, tramitado desde febrero de 2025, excluía a sindicatos y patronal. Pero el decreto aprobado en agosto los incluyó, lo que generó rechazo incluso en partidos como ERC o EH Bildu, que apoyaron la norma con reservas. La abstención de Sumar —tras el voto telemático previo de Aina Vidal, su portavoz adjunta— y la presión de los agentes sociales forzaron al Gobierno a retroceder.
Las implicaciones: ¿qué pasa ahora?
López ha prometido presentar antes de octubre un real decreto ley que excluya explícitamente a sindicatos y patronal de la regulación, aunque ya había asegurado en el Congreso que el diálogo social «queda al margen». Sin embargo, el rechazo parlamentario deja en el aire el futuro del registro, que podría requerir una nueva tramitación legislativa.
El episodio refleja las tensiones internas en la coalición de gobierno —especialmente entre PSOE y Sumar— y la dificultad del Ejecutivo para aprobar normas controvertidas sin el apoyo de la oposición. Además, pone de manifiesto el papel clave de Bruselas en la agenda legislativa española, con plazos ajustados que obligan a recurrir a fórmulas como los decretos leyes.
Para los partidos de la oposición, el caso ilustra lo que consideran una «deriva autoritaria» del Gobierno, mientras que para la coalición de gobierno —dividida entre quienes apoyaron y quienes criticaron la norma— subraya la necesidad de consensos más amplios. El registro de lobbies, en cualquier caso, sigue siendo una asignatura pendiente en la transparencia de la acción pública.
El Congreso tumba la regulación de grupos de interés tras el rechazo de socios y oposición; el PP apoya las ayudas pero denuncia que el 75% se destinará a migrantes
Óscar López ha visto caer su real decreto para regular los lobbies en el Congreso, donde ni siquiera sus socios parlamentarios lo respaldaron. Mientras, el Gobierno logró aprobar un plan de 309 millones para Ceuta con el voto del PP, aunque el partido criticó que solo el 25% de ese dinero llegue a la ciudad, mientras el resto se destinará a migrantes.
El decreto de lobbies, impulsado por el ministro de Transformación Digital, fue rechazado por 179 votos en contra —incluyendo a Sumar, socio parlamentario de Pedro Sánchez— y solo 179 a favor, tras una tramitación acelerada que generó rechazo en todos los partidos. La norma, que habría obligado a registrar a patronales, sindicatos y consultoras, entraba en vigor este mismo viernes, pero decae tras su derogación.
En paralelo, el Gobierno logró sacar adelante el real decreto de ayudas a Ceuta con el apoyo del PP, aunque los populares criticaron que solo 77 millones de los 309 millones totales (un 25%) se destinarán directamente a la ciudad, mientras 90 millones irán a seguridad y 118 a acogida de migrantes. Vox, por su parte, votó en contra y exigió la devolución de los recién llegados.
El decreto de lobbies, que el Gobierno intentó aprobar como real decreto-ley para evitar el bloqueo parlamentario, chocó con la oposición frontal de Sumar, que lo consideró mal escrito y poco claro. La formación de Yolanda Díaz ya había mostrado su rechazo dentro del Gobierno, especialmente por incluir a sindicatos y patronales en el registro, lo que, según ellos, torpedea el diálogo social.
El PP, aunque apoyó las ayudas a Ceuta, criticó que el Gobierno el Gobierno reparte migajas y que la mayoría del dinero no llegue a la ciudad. Edurne Uriarte, diputada popular, denunció que el decreto se aprobó «de golpe» sin consenso, mientras José María Figaredo, de Vox, acusó al Ejecutivo de «repartir migajas» en vez de el Gobierno devuelve a los invasores.
El PNV se abstuvo, argumentando que el decreto interrumpe la tramitación parlamentaria y «falta al respeto a la separación de poderes». Emilio del Valle, portavoz de Vox, lo calificó de «vergüenza» y advirtió que sienta un precedente muy peligroso.
El registro de lobbies, clave para los fondos europeos
El decreto de lobbies era una de las condiciones pactadas con la Comisión Europea para recibir hasta 1.500 millones de euros en fondos Next Generation en el último pago de este año. Su caída obliga ahora al Gobierno a negociar con Bruselas para evitar la pérdida de esos fondos, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que «es pronto para hablar de pérdidas» y que se evaluarán otras medidas de transparencia.
El texto original, que ya había generado rechazo en el Congreso desde 2025, obligaba a registrar a empresas, ONG, consultoras y, especialmente, a patronales y sindicatos. CCOO y UGT cancelaron reuniones con Yolanda Díaz para protestar, mientras Óscar López defendió que el decreto «no afecta al diálogo social» y prometió retocarlo para aclarar su redacción.
Sumar, que inicialmente amenazó con votar en contra, terminó respaldando el decreto a cambio de una modificación que aclarara el papel de los sindicatos. Carlos Martín, diputado de la formación, criticó que el texto estaba peor escrito que el proyecto de ley original, mientras ERC denunció su ambigüedad.
Ceuta: 309 millones, pero solo el 25% para la ciudad
El plan de ayudas para Ceuta, aprobado con el apoyo del PP, destinará 118 millones a acogida, 90 millones a seguridad y solo 80 millones a empresas y autónomos. El PP criticó que el 75% del dinero no llegue a la ciudad, mientras Vox exigió la devolución de los migrantes recién llegados, a los que calificó de «invasores».
El Gobierno justificó la medida como un «plan de choque» para hacer frente a la crisis en la ciudad, pero la oposición denunció que el dinero se destina más a gestionar la llegada de migrantes que a solucionar problemas locales. Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, defendió que las ayudas son «urgentes y necesarias», aunque reconoció que el reparto generará polémica.
Mientras, Junts criticó que el Gobierno «chantajea» con la pérdida de fondos europeos para aprobar medidas sin consenso. Josep Pagès, diputado de la formación, reprochó que se «salte el procedimiento legislativo» y recordó que existen lobbies cercanos al PSOE, como Acento, vinculado al exministro José Blanco.
El Gobierno ahora deberá negociar con la Comisión Europea para evitar sanciones por el incumplimiento del registro de lobbies, aunque fuentes del Ejecutivo insisten en que «no es el momento de hablar de pérdidas» y que se evaluarán otras medidas de transparencia.
El real decreto de ayudas a Ceuta se aprobó el 25 de agosto, tras las vacaciones de verano, en la primera sesión del Consejo de Ministros. Esta decisión se tomó de forma rápida para responder a la urgencia de la situación migratoria en la ciudad, aunque generó críticas por la falta de debate previo en el Parlamento.
