El fallo afecta a 11 personas vinculadas a la Diputación de Badajoz por el ‘caso David Sánchez’; Manos Limpias puede recurrir sobre la plaza de Carrero
La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante **9 años** a **David Sánchez**, hermano del presidente del Gobierno, y **18 meses** a **Miguel Ángel Gallardo**, extitular de la Diputación de Badajoz. El auto, al que ha tenido acceso EFE, resuelve las solicitudes de aclaración presentadas tras el fallo de julio y especifica que ambos pierden la capacidad de acceder a puestos **electivos o de designación discrecional** en cualquier administración pública.
David Sánchez fue condenado por **prevaricación** en su contratación en 2017 en la Diputación de Badajoz, mientras que Gallardo lo fue por dos delitos relacionados con la incorporación de Sánchez y de **Luis María Carrero**, amigo de este último. El fallo afecta también a **nueve personas más**, entre ellas el diputado provincial **Ricardo Cabezas** (Identidad Cultural, Deporte y Juventud) y el alcalde de Castuera, **Francisco Martos**, ambos inhabilitados por **9 años**. La sentencia no les priva de su condición de funcionarios, pero sí de los cargos públicos que ocupaban al cometer los hechos.
El auto deja abierta la puerta a que **Manos Limpias** recurra la sentencia sobre la creación de la plaza de coordinación de programas transfronterizos ocupada por Carrero, ya que Gallardo quedó exento de enjuiciamiento por esos hechos. La decisión deberá ser revisada por el **Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)** si se presenta recurso.
El caso se enmarca en una trama de contrataciones irregulares en la Diputación de Badajoz, donde las condenas buscan evitar que los implicados accedan a puestos de poder durante los plazos establecidos. La inhabilitación afecta tanto a cargos electivos como a puestos de designación política, lo que limita su influencia en la gestión pública durante los próximos años.
En el auto también se señala que Luis María Carrero, quien fue contratado como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, perdió dicho cargo (ya dimitió) pero conserva su condición de empleado público adscrito a las escuelas oficiales de idiomas, lo que le permite seguir desempeñando funciones administrativas dentro del sector educativo.
