La Junta Electoral Central y el Ministerio Público piden desestimar las medidas de Hazte Oír para supervisar inscripciones vinculadas a la nacionalidad por origen
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha recibido el rechazo unánime de la Fiscalía General del Estado y la Junta Electoral Central (JEC) a ampliar sus competencias para supervisar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en relación con las inscripciones derivadas de la llamada ‘ley de nietos’. Ambos organismos solicitan al alto tribunal que desestime las medidas cautelares presentadas por Hazte Oír, que incluyen la conservación de expedientes desde octubre de 2022, la identificación del origen de las inscripciones y controles mensuales sobre altas, bajas y variaciones.
El fiscal de Sala Francisco Moreno Carrasco argumenta que gran parte de las peticiones de la asociación «nada tienen que ver con lo cautelar», ya que corresponden a funciones administrativas ajenas al Tribunal Supremo. La Fiscalía insiste en que la Administración ya conserva los documentos necesarios, como confirma el informe de la Oficina del Censo Electoral remitido a la JEC, y advierte contra convertir al alto tribunal en un «órgano administrativo de control» al que deban rendirse cuentas periódicas.
La Junta Electoral Central, por su parte, rechaza que se haya «abdicado de sus competencias», como denuncia Hazte Oír, y recuerda que ya ejerció su función de dirección y supervisión sobre la Oficina del Censo Electoral. El órgano electoral destaca que buena parte de las medidas reclamadas ya quedaron cubiertas por los autos del Tribunal Supremo en otros procedimientos, como la suspensión de efectos electorales para quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática,, pero no estaban inscritos en el CERA.
El Supremo ya había dictaminado en julio que los expedientes de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía pero no estaban censados «se tramitarán hasta el final, pero se suspenderá su inscripción hasta sentencia». Además, excluyó a quienes acrediten descendencia de exiliados mediante registros consulares, siempre que no usaran la instrucción de 2022 de la ministra de Justicia, Sofía Puente, para hacerlo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya se opusieron a suspender el aumento del censo, alertando de que supondría una «vulneración del derecho al sufragio activo», reconocido en la Constitución.
El conflicto se enmarca en un debate más amplio sobre el alcance de la ‘ley de nietos’, aprobada en 2022 para facilitar la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. Mientras el Gobierno defiende su aplicación, partidos como Vox y asociaciones como Hazte Oír exigen controles estrictos para evitar supuestos fraudes. La decisión final del Supremo podría definir si el censo se ajusta a los criterios de la JEC o si el alto tribunal asume un papel más activo en su supervisión.
