El Gobierno compara la medida cautelar con sistemas de Irlanda y Dinamarca, donde solo votan residentes en el país, mientras el Ejecutivo planea usarla como arma política antes de elecciones clave
Pedro Sánchez ha acusado al Tribunal Supremo de cometer un «atropello democrático» al suspender cautelarmente la aplicación de la llamada ley de nietos, que permitía votar a unos 400.000 descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. El presidente cuestionó la decisión con una pregunta retórica: *»¿De verdad puede suspenderse un derecho esencial como es el derecho al voto a 400.000 españoles?»*. La medida afecta a una interpretación del Gobierno sobre la ley, impulsada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —dirigida hasta hace meses por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente—, que ampliaba el derecho a votar a quienes tuvieran ascendencia española entre 1936 y 1955, incluso sin ser exiliados.
El Supremo justificó su decisión por el «peligro fundado» de que la ley pudiera alterar la transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, el Gobierno contrasta este argumento con sistemas de países como Dinamarca o Irlanda, donde solo pueden votar quienes residen en el territorio nacional —incluso bajo gobiernos socialdemócratas, como el danés de Mette Frederiksen—. Según datos de The Economist, España obtiene peor puntuación democrática (8,13 sobre 10) que ambos países (9,19 e Irlanda y 9,28 Dinamarca), pese a permitir el voto desde el extranjero en todas las elecciones salvo las municipales.
La estrategia de Moncloa no es aislada. El Ejecutivo lleva meses usando decisiones judiciales adversas —como los casos Cloacas, Zapatero o la financiación del PSOE— para erosionar la credibilidad del poder judicial. Con solo unos meses hasta las elecciones, la ley de nietos se convierte en el último episodio de un patrón: convertir conflictos legales en munición política. El PP y Vox, en la oposición, ya han tachado la medida del Supremo de «injerencia», mientras el Gobierno apuesta por presentar a los jueces como obstáculo para sus reformas.
La decisión del Alto Tribunal deja en el aire el futuro de unos 400.000 ciudadanos, muchos de ellos con doble nacionalidad pero sin residencia en España. Mientras, el debate legal se cruza con el político: si el Gobierno logra revertir la cautelar, el Supremo podría verse arrastrado a un pulso institucional en plena campaña. La Asociación de Abogados Demócratas ya ha anunciado que recurrirá la medida, pero el tiempo apremia: las elecciones generales podrían celebrarse antes de que se resuelva el fondo del asunto.
