Llarena rechaza aplicar la ley al expresidente catalán por usar fondos públicos; el TC decidirá en dos semanas si valida su interpretación
El juez Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo en la causa del procés, ha decidido no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont al considerar que se benefició económicamente de la organización del referéndum del 1-O de 2017 con dinero público. La decisión, confirmada por fuentes jurídicas tras la apertura del Año Judicial, se basa en la misma tesis que ya aplicó a otros condenados como Oriol Junqueras, excluyéndolos del «olvido penal» por presunto enriquecimiento.
Llarena argumenta que Puigdemont y otros líderes independentistas no usaron fondos propios, sino recursos públicos para organizar el referéndum ilegal. Su postura choca con la del Tribunal Constitucional, que ya avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía, pero no analizó si casos concretos como el de Puigdemont cumplían los requisitos para ser excluidos. El TC revisará el 22 de septiembre el primer recurso de amparo, presentado por el exconcejales Jordi Turull, que podría sentar precedente para el resto.
Mientras, el Tribunal de Cuentas está a punto de aplicar la amnistía a 35 encausados por el procés, según fuentes consultadas por EFE. La Generalitat de Catalunya ya solicitó formalmente su aplicación el pasado 24 de julio, lo que supondría el levantamiento de medidas cautelares contra estos dirigentes. La decisión del órgano contable podría contrastar con la postura del Supremo, generando un conflicto institucional entre poderes judiciales.
El escenario más probable es que Llarena espere a la resolución del TC para actuar. Si el tribunal valida su interpretación, el juez levantaría la orden de detención europea contra Puigdemont, permitiéndole regresar a España. Sin embargo, fuentes del tribunal advierten que el magistrado José María Macías —ponente del recurso de Turull— podría no apoyar la tesis de Llarena, retrasando así cualquier resolución.
La ley de amnistía, aprobada en junio de 2023, busca cancelar penas a los implicados en el procés, pero su aplicación ha generado tensiones. Mientras el Gobierno y sectores independentistas la defienden como «justicia transicional», el PP y Vox la consideran una «impunidad legalizada». El caso de Puigdemont, con su orden de detención vigente desde 2017, se ha convertido en el test más visible de estas disputas.
