La Justicia ordena suspender la construcción en Racó d’Ademús y Castell de Benissanó, mientras Compromís denuncia la inacción del consistorio valenciano
Un juzgado de Valencia ha paralizado de forma inmediata las obras de apartamentos turísticos en los bajos de Racó d’Ademús y Castell de Benissanó, en el distrito de l’Olive reta, tras confirmar que se ejecutaban sin licencia. La resolución, dictada el lunes por el Tribunal de Instancia de Valencia, obliga a la empresa constructora a detener la obra y advierte de que cualquier continuación podría ser demolida, constituyendo incluso delito de desobediencia a la autoridad judicial.
La suspensión llega tras meses de denuncias vecinales y la inacción del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la coalición de Joan Ribó. Compromís, grupo municipal en la oposición, ha criticado duramente al consistorio por no actuar a pesar de conocer las irregularidades. La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha señalado que «la Justicia ha hecho en un día lo que el Gobierno de Catalá no ha hecho en meses», refiriéndose al área de Urbanismo, dirigida por Juan Giner.
Las obras, amparadas inicialmente en una Declaración Responsable y un certificado ECUV que resultaron ser falsos, contravienen un expediente ya denegado y archivado por el Ayuntamiento. Las comunidades de propietarios afectadas —Racó d’Ademús 29, Castell de Benissanó 28 y 30— presentaron una demanda conjunta que ha sido respaldada por el juzgado. Además, el tribunal ha ordenado retirar el cartel colgado en la fachada que aseguraba que la obra era legal.
El conflicto refleja la tensión entre el crecimiento del turismo residencial en Valencia y la capacidad de control del Ayuntamiento. Compromís exige ahora que se abra un expediente sancionador contra la empresa y que se retire el cartel engañoso, mientras el vecindario denuncia sentirse «indefenso» ante una administración que, según Robles, «solo favorece a los especuladores». La resolución judicial, ejecutada materialmente por el Servicio Común de Actos de Comunicación, marca un precedente en la lucha contra la construcción ilegal en la ciudad.
El auto, dictado por el juez en el juicio verbal 1393/2026 de suspensión de obra nueva, responde a la demanda conjunta que presentaron las comunidades de propietarios de Racó d’Ademús 29, Castell de Benissanó 28 y 30. El juzgado ha librado mandamiento al Servicio Común de Actos de Comunicación para que ejecute materialmente la suspensión, y ha ordenado a la empresa constructora que comunique al tribunal la detención de la obra, con la advertencia de que cualquier construcción que continúe contraviniendo la resolución podrá ser demolida y que el incumplimiento puede constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
