El ministro del Interior rechaza las peticiones de dimisión tras la crisis de Ceuta y asegura que el CNI no alertó de una entrada masiva el 30 de julio
Fernando Grande-Marlaska ha respondido con dureza a las exigencias de dimisión de la oposición tras la crisis migratoria en Ceuta, acusando a sus críticos de «no entender la política real». En declaraciones en el Senado, el ministro del Interior ha afirmado: *»Si la forma de hacer política fuera la suya, ya habría dimitido»*, en referencia a las presiones del PP, Vox y ERC para que abandone su cargo.
Marlaska ha insistido en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no detectó ninguna alerta de una entrada masiva de migrantes el 30 de julio, fecha clave en la crisis. *»No había ningún informe que atisbara que iba a suceder lo que aconteció»*, declaró, defendiendo la gestión del Gobierno. Sus palabras contrastan con las acusaciones de la oposición, que denuncia una supuesta falta de preparación y coordinación.
El ministro ha evitado mencionar directamente las críticas de Álvaro Vidal (ERC), quien le cuestionó en el Senado si la estelada —símbolo independentista— era un «arma de destrucción masiva». Esta intervención refleja el clima de tensión política en torno a la gestión de la crisis, donde partidos como Vox y el PP exigen responsabilidades directas, mientras el Gobierno mantiene su postura de que «Ceuta sigue siendo una prioridad».
La crisis en Ceuta, que superó los 10.000 migrantes en un solo día, ha reabierto el debate sobre la seguridad fronteriza y la capacidad de respuesta del Estado. El CNI, dependiente del Ministerio del Interior, ha sido el centro de las críticas por no anticipar el flujo migratorio. Marlaska ha reiterado que «no se ha abandonado a los ceutíes», aunque su defensa choca con las demandas de mayor transparencia y cambios en la estrategia de control fronterizo.
El enfrentamiento político se agrava en un contexto donde la oposición ya ha anunciado que mantendrá la presión. Mientras, el Gobierno se resiste a ceder, priorizando la estabilidad institucional sobre las exigencias de dimisión. La próxima semana, el Senado debatirá una moción para investigar los hechos, lo que podría intensificar aún más la polémica.
