Óscar López califica de «salvajada» la sentencia que suspende el derecho al voto de descendientes de exiliados; el Ejecutivo denuncia reuniones secretas entre magistrados y Feijóo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha escalado este martes su conflicto con el Tribunal Supremo tras la sentencia que paraliza la ley de nietos, aprobada en 2022 para reconocer el derecho al voto a descendientes de exiliados republicanos. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, defendió en rueda de prensa la independencia judicial, pero el ministro Óscar López llegó a calificar el fallo de «salvajada» por afectar a derechos fundamentales y «alimentar a la ultraderecha» en sus teorías sobre un supuesto ‘pucherazo’ electoral.
El ministro para la Transformación Digital reprochó al magistrado ponente, Antonio Narváez, haber mantenido una reunión en secreto con Alberto Núñez Feijóo para transmitirle su deseo de que el PP gobernara y derogara las leyes del actual Gobierno. El Ejecutivo también cuestionó que Narváez «sembrara dudas» sobre la empresa Indra en el escrutinio de votos, un episodio que el Gobierno vincula a una «corriente de fondo» de cuestionamiento a la democracia por parte de la derecha más radical.
La ley de memoria democrática, que incluye la medida ahora suspendida, fue avalada por todas las instituciones europeas y aplicada en Cataluña para facilitar la convivencia, según defendió Sánchez la semana pasada. El ministro Ángel Víctor Torres advirtió que, de confirmarse la suspensión, «algunos españoles tendrían derechos y otros se les restarían», mientras criticó el cambio de postura del PP, que en el pasado apoyó esta medida.
Las tensiones se agravaron tras las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien acusó a los jueces de «hacer política» y recibió réplicas por parte de asociaciones judiciales. Puente también reprochó a los magistrados que cuestionan la imparcialidad del Gobierno, mientras el presidente del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, pidió rebajar la descalificación pública de los jueces sin éxito.
El conflicto se remonta a la ley de amnistía de 2023, que el Supremo también cuestionó, y que el Gobierno atribuye al origen de las fricciones con el poder judicial. Sánchez ya advirtió de «discrepancias» con el Alto Tribunal en la interpretación de leyes parlamentarias, en un contexto donde la ultraderecha acusa al Gobierno de «salva patrias» y prevaricación, según denunció Puente en TVE.
