Actualización (14 de septiembre a las 15:17):
El portavoz de Vox pide una comisión en el Senado y denuncia presión política para evitar un fallo que anule el voto de miles de descendientes de exiliados
José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ha exigido este lunes al PP que cree una comisión de investigación en el Senado para analizar la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ‘ley de nietos’. La medida, que concede la nacionalidad y el derecho al voto a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, está paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo tras una solicitud de Vox y la organización Iustitia Europa.
Fúster ha justificado la petición como una necesidad para ‘conocer todos los documentos y decisiones adoptadas’ en la redacción de la norma, así como para evaluar su impacto electoral. La formación ultraderechista sospecha que el Gobierno busca llevar el caso al Tribunal Constitucional para aprovechar su mayoría progresista y evitar una sentencia que anule la medida antes de las próximas elecciones.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha descartado apoyar la comisión y ha señalado que el partido espera la resolución definitiva del Supremo. Sémper ha criticado las interpretaciones ‘equivocadas’ sobre el caso, insistiendo en que se trata de una ‘orden ministerial’ que atropella la voluntad del Congreso. La Junta Electoral Central (JEC) se reúne este lunes para decidir cómo aplicar la paralización cautelar del Supremo, que afecta a miles de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Mientras, Fúster ha ampliado sus críticas al Gobierno, acusándolo de presionar al Supremo para acelerar un fallo favorable antes de los comicios. También ha reclamado al PP que actúe en el Senado para frenar la concesión de la nacionalidad a saharauis que la perdieron tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, aprobada el jueves en el Congreso con el voto en contra de Vox y la abstención del PP.
Además, Vox ha instado al PP a impulsar una moción para juzgar a Pedro Sánchez por traición por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, aunque carece de los 88 diputados necesarios para sacarla adelante. Fúster ha elogiado a Isabel Díaz Ayuso por calificar al presidente del Gobierno de ‘traidor’ en relación con la crisis, aunque ha criticado que no vaya más allá.
El partido de Abascal explota la suspensión cautelar del Supremo para presionar y cuestiona también la nacionalidad al pueblo saharaui
Josè Antonio Fòster, portavoz nacional de Vox, ha solicitado este lunes al PP que impulse una comisión de investigación en el Senado sobre la ley de nietos, tras la suspensión cautelar del Tribunal Supremo a su aplicación. La medida, que afecta a 2,3 millones de personas nacionalizadas, busca presionar para anular el proceso antes de que el Alto Tribunal dicte sentencia definitiva.
Vox argumenta que la suspensión cautelar no resuelve el fondo del asunto, ya que solo paraliza la inscripción en el censo electoral sin detener las nacionalizaciones. «No confundamos una batalla ganada con una guerra terminada», advirtió Fòster, quien insistió en que la nacionalidad española es Fòster afirmó que la nacionalidad española es lo más importante que puede tener una persona. y llamó a agotar «todos los mecanismos constitucionales» para bloquear la norma.
El PP, sin embargo, rechazó la propuesta. «Políticamente, no necesitamos una comisión de investigación para entender que una instrucción no está por encima de una ley», declaró Borja Sémper, portavoz popular. La ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, y su aplicación ha generado controversia por su alcance y procedimiento, cuestionado por partidos como Vox y el PP.
Además, Vox criticó la reciente aprobación en el Congreso de la nacionalidad al pueblo saharaui, con la abstención del PP. Fòster dijo que el PP tiene ahora una oportunidad en el Senado y que esperan que esta vez no llegue tarde. advirtió Fòster, instando a los populares a frenar el trámite en la Cámara Alta, donde podrían revertir la decisión antes de que vuelva al Congreso.
La suspensión cautelar del Supremo deja en suspenso la inscripción de los afectados en el censo electoral, pero no interrumpe el proceso de nacionalización. Esto ha generado incertidumbre sobre si los 2,3 millones de personas podrán votar en las próximas elecciones, un escenario que Vox busca explotar para mantener la presión política.
