El ministro de Transportes cuestiona la imparcialidad de Tardón en Ceuta y critica la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de permitir que «sectores de la judicatura» usen su influencia para facilitar que el PP y Vox lleguen al gobierno. Lo ha hecho en respuesta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien exigió respeto a las decisiones judiciales «sin ceder a presiones». Puente rechazó callar ante lo que considera «política judicial» y advirtió que su departamento no se «pondrá una venda y una mordaza» para ignorarlo.
El conflicto estalló tras la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos, una medida que Puente califica de «perplejidad jurídica». El Tribunal Supremo, según el ministro, actuó fuera de su competencia al anular un derecho fundamental sin que la ley o su desarrollo normativo hubieran sido recurridos en plazo. Además, cuestionó la imparcialidad del ponente de la decisión, quien se reunió con Alberto Núñez Feijóo en un encuentro con fiscales, donde el líder del PP criticó el sistema electoral español y pidió derogar las leyes del Gobierno de Sánchez.
Puente también ha puesto en duda la neutralidad de la jueza María Tardón, encargada de investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta (unos 80.000 en 2023). Aunque reconoció que Tardón «tiene derecho a reingresar en la carrera judicial» tras su etapa como concejal del PP, advirtió que su actuación en el caso «compromete la apariencia de imparcialidad», especialmente al provenir de un ámbito político. La causa sigue en fase inicial, pero el ministro ya anticipa que las decisiones futuras podrían reforzar estas sospechas.
El enfrentamiento trasciende lo judicial: Puente criticó duramente a Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de «plegarse a lo indefendible» por su compra de un ático en Madrid. «He visto poca gente menos preparada para la política que esta mujer», declaró, aunque reconoció que su partido mantiene resultados electorales «contundentes». Mientras, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya había tachado a algunos jueces de «salva patrias» por su supuesta obsesión por «salvar a España» de un gobierno que no especifican.
El CGPJ, por su parte, no ha respondido aún a las acusaciones. La tensión refleja un patrón: desde la ley de amnistía hasta la gestión de Ceuta, el Gobierno acusa a sectores judiciales de alinearse con la oposición para bloquear sus políticas. Lo que antes era un debate sobre independencia judicial ahora se ha convertido en un choque frontal: ¿hasta qué punto los jueces pueden —o deben— influir en la agenda política sin perder credibilidad?
