La Fiscalía de Madrid pide información sobre un procedimiento previo sobreseído en 2024 para decidir si abre causa contra la secretaria general de Innovación de Justicia
Sofía Puente, secretaria general de Innovación del Ministerio de Justicia, enfrenta una querella que el Tribunal Supremo ha paralizado por su posible vinculación con la inclusión de votantes en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) durante la aplicación de la llamada ‘ley de nietos’. Según un escrito de Puente al juzgado, el posible carácter delictivo de estos hechos ya fue descartado en junio de 2024.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado información al juzgado de instrucción número 25 de Madrid para evaluar si debe abrir una causa contra Puente. Fuentes del Ministerio Público explican que, al conocer un procedimiento anterior sobre este mismo asunto —sobreseído en el juzgado de instrucción número 21—, han pedido acceso al testimonio íntegro de esas actuaciones para analizar su impacto en la nueva querella.
La ‘ley de nietos’ (Ley 20/2005) permite a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil o la dictadura franquista obtener la nacionalidad. Su aplicación ha generado controversia por posibles irregularidades en la inscripción de votantes en el CERA, un censo que facilita el voto desde el extranjero. El Tribunal Supremo ya intervino en 2024 para aclarar el alcance de la ley, pero la querella actual busca reabrir el debate sobre si hubo delitos en su implementación.
Puente, como responsable de la instrucción en el Ministerio de Justicia, es la primera funcionaria de alto nivel en ser investigada por este caso. La Fiscalía deberá determinar si los hechos investigados —posibles irregularidades en la inclusión de votantes— coinciden con los ya analizados y sobreseídos en 2024, o si existen elementos nuevos que justifiquen una nueva causa.
El juzgado número 25 de Madrid, donde se tramita la querella, deberá resolver si acepta la petición de la Fiscalía para revisar las actuaciones previas. Si se abre diligencia, Puente podría ser imputada, aunque fuentes jurídicas consultadas señalan que el sobreseimiento de 2024 podría ser un obstáculo clave para avanzar.
