Los socialistas piden anular el documento de 126 páginas que PP y Vox aprobaron en solitario el 17 de junio en Les Corts
El PSPV-PSOE ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que quede sin efecto el dictamen de la comisión de investigación sobre la dana aprobado en Les Corts Valencianes. El documento salió adelante el pasado 17 de junio solo con los votos de PP y Vox. La portavoz de Emergencias del grupo socialista en Les Corts, Alicia Andújar, ha detallado que el escrito enumera las «irregularidades» cometidas durante la comisión y en la aprobación de sus conclusiones.
El recurso pide restablecer los derechos vulnerados y anular una actuación parlamentaria que, según Andújar, «no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano». La diputada ha vinculado ese dictamen con «la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas». También ha afirmado que el texto es «ilegal es intolerable» y ha avanzado que su formación llegará «hasta el final» con todas las vías jurídicas y parlamentarias para eliminarlo del Diario de Sesiones.
El dictamen tiene 126 páginas. Critica las «deficiencias» en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia. También señala la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo. Sobre la Generalitat, el texto solo menciona «una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada» sobre la evolución de los barrancos y caudales. Esa información estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, según el documento.
La comisión se abrió a finales de enero de 2025 y celebró doce sesiones. Por ellas pasaron 32 personas, un tercio de las recogidas en el plan de trabajo aprobado por PP y Vox. Entre los testimonios que no figuran están el de la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el de su ex número dos, Emilio Argüeso. Ambos están investigados en la causa judicial abierta por la catástrofe.
Andújar ha situado el recurso como respuesta a lo que describe como un intento de usar Les Corts «como escudo político para borrar la responsabilidad de Mazón y al Consell del Ventorro». El escrito sostiene que la obligación de los representantes públicos es defender «la verdad, la dignidad de las víctimas y el derecho de toda la sociedad valenciana a saber qué ocurrió y por qué».
Los socialistas exigen comparecencias directas de responsables autonómicos y retrotraer la investigación parlamentaria
El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución de las Cortes Valencianas que aprobó el dictamen final de la comisión de investigación sobre la DANA de septiembre de 2023, que dejó 232 muertos ahogados. El recurso, presentado tras el rechazo del voto particular socialista, denuncia una vulneración del derecho al ejercicio del cargo público y al control parlamentario sobre la Generalitat.
El PSPV argumenta que la comisión sustituyó las comparecencias directas de responsables autonómicos —como la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas o el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez— por transcripciones de sus intervenciones en el Congreso, privando a los diputados de formular preguntas o repreguntar. Además, acusan a la comisión de desplazar la fiscalización política hacia la Administración General del Estado, cuando su competencia se limita al ámbito autonómico.
La parlamentaria socialista Alicia Andújar ha explicado que el recurso pide anular la Resolución 406/XI de las Cortes y retrotraer la investigación para incluir las comparecencias impedidas. «Llegaremos hasta el final con todas las vías jurídicas y parlamentarias», ha advertido, vinculando el caso a las víctimas de la tragedia.
El dictamen, aprobado con los votos del PP y Vox, fue criticado por los socialistas por limitar el control parlamentario sobre la gestión autonómica de la emergencia. Según el PSPV, la comisión incumplió su función al no permitir interrogatorios directos a los responsables valencianos, algo que ahora reclama ante el Constitucional para restablecer los derechos vulnerados.
Las Cortes Valencianas investigaron la gestión de la DANA tras las acusaciones de desorganización en la respuesta a las inundaciones. El recurso del PSPV podría reabrir el debate sobre las competencias de control parlamentario en casos de emergencia, donde la división de responsabilidades entre Estado y autonomías suele generar tensiones políticas.
