El exdiputado de IU vincula ambos episodios a ‘amenazas híbridas’ y advierte de la falta de respuestas efectivas
Gaspar Llamazares, exdiputado de Iniciativa por Cataluña (IU) y miembro de la comisión del 11-M en el Congreso, denuncia hoy que los servicios de inteligencia y las Fuerzas de seguridad del Estado fallaron al no anticipar con claridad ni la masacre de 2004 ni la avalancha migratoria de julio de 2026 en Ceuta. Según sus declaraciones a Servímela, en ambos casos hubo un ‘runrún’ de alertas, pero sin una conexión clara de causa-efecto.
Llamazares, que participó en la investigación parlamentaria del 11-M, señala que los avisos de la Guardia Civil fueron ‘más claros’ que los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque nadie previó la gravedad de los hechos. En el caso de Ceuta, donde entraron 80.000 personas desde Marruecos, asegura que ningún informe anticipó la magnitud del fenómeno, similar al registrado en 2021.
El exdiputado subraya que, en ambos episodios, se aprende ‘a posteriori’ y advierte sobre la necesidad de mejorar la respuesta a las ‘amenazas híbridas’, un término que define actuaciones contra España que no encajan en los parámetros clásicos de agresión externa. Su análisis refuerza las críticas recurrentes a la coordinación entre instituciones de seguridad y su capacidad para anticipar riesgos complejos.
El CNI, creado en 2002 tras la disolución del CESID, tiene como misión principal la inteligencia exterior y la protección de intereses nacionales, aunque su actuación en el 11-M y en crisis migratorias ha sido objeto de debate público. La Guardia Civil, por su parte, depende del Ministerio del Interior y su papel en la seguridad fronteriza es clave, especialmente en episodios como el de Ceuta, donde su capacidad de respuesta fue cuestionada tras los hechos.
La comparación entre ambos casos —atentados terroristas y crisis migratoria— refleja un patrón: la dificultad para prever escenarios de ‘amenazas híbridas’, donde la línea entre lo político, lo social y lo militar se difumina. Llamazares no atribuye intencionalidad a los fallos, pero sí subraya la necesidad de sistemas más ágiles para detectar y responder a estos riesgos emergentes.
