El expresidente convoca reuniones en hoteles de Madrid con escoltas reforzados mientras la UDEF investiga pagos de 530.000 euros como comisión ilegal
José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha una estrategia de reclutamiento de testigos en la Audiencia Nacional para defenderse del caso Plus Ultra, donde directivos de la aerolínea confirmaron que los 530.000 euros que recibió eran una comisión ilegal por conseguir el rescate público de 53 millones. Las reuniones, celebradas desde principios de septiembre en el hotel Santo Mauro de Madrid, se desarrollan en un reservado llamado *La Capilla* y duran hasta dos horas, con medidas de seguridad reforzadas por sus escoltas para evitar filtraciones.
La maniobra busca que antiguos altos cargos de su Gobierno atestigüen que Zapatero les consultaba antes de redactar informes supuestamente elaborados por Análisis Relevante SL, la sociedad que recibió los pagos. Sin embargo, la estrategia choca con su propia declaración en el Senado, donde defendió que esos informes eran verbales, pese a que El Mundo publicó documentos escritos con obviedades como *»la pandemia va a ser una larga crisis»*. Además, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que terceros, como el directivo de Telefónica Sergio Sánchez, eran los autores reales de esos informes.
Mientras, su mujer y sus hijas mantienen encuentros similares en el hotel AC La Finca para limpiar su imagen, insistiendo en que Zapatero es «honrado». Estos movimientos contrastan con su aislamiento estival en su chalet de Las Rozas, donde solo viajó a León para el centenario de su padre. La presión judicial crece: Julito (Julio Martínez) y el expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ya confirmaron ante el juez José Luis Calama que el rescate estuvo condicionado a pagos a Zapatero, quien actuó como «contacto privilegiado» dentro del Gobierno.
El caso reviste especial gravedad porque los 530.000 euros —el 1% del rescate— se canalizaron a través de Análisis Relevante SL, sociedad vinculada al expresidente. Martínez Sola admitió que el pago fue un «acuerdo a éxito», aunque desconocía su destino final. La Audiencia Nacional investiga ahora si estos fondos se destinaron a otros fines ilegales, mientras Zapatero, sin testigos dispuestos a declarar, se enfrenta a una posible imputación por corrupción.
