La Policía Judicial necesita autorización de Moncloa para acceder a fotos de 5.000 euros cada una, mientras el PP presiona en el Congreso
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido clasificar como secreto de Estado las imágenes satelitales tomadas durante la invasión de Ceuta el 30 y 31 de julio, que muestran movimientos de migrantes antes y durante el episodio. Estas fotos, obtenidas por satélites militares españoles y valoradas en hasta 5.000 euros cada una, son clave para la investigación judicial liderada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, pero su acceso depende ahora de una autorización del Consejo de Ministros.
La decisión, adoptada bajo el argumento de seguridad nacional, choca con el procedimiento habitual de colaboración entre la Policía Judicial —encargada de la causa— y los servicios de inteligencia. Según fuentes policiales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya remitió un informe con imágenes «significativas» al Gobierno, pero este material no fue desclasificado en el paquete de 40 documentos públicos aprobados el pasado martes. Sí lo hizo, en cambio, el informe que el CNI envió al Gobierno marroquí.
El obstáculo se agrava porque el director general de la Policía, Francisco Pardo, —envuelto en la polémica por el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF)— ha sido señalado por agentes como responsable de no trasladar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, datos clave del CNIF. Tardón, por su parte, prohibió que ese informe se elevara en su totalidad, lo que ha roto el flujo de información entre inteligencia y policía.
Si la juez requiere material clasificado, la Audiencia Nacional deberá solicitar su desclasificación al Consejo de Ministros. De negarse el Gobierno, cabría recurso ante el Tribunal Supremo. Mientras, el PP prepara preguntas parlamentarias para exigir transparencia sobre los informes sí desclasificados y, especialmente, sobre los que permanecen ocultos.
La invasión de Ceuta —con al menos 72.000 migrantes registrados en dos días— ya había desbordado al Gobierno. Ahora, la opacidad en el acceso a pruebas clave alimenta dudas sobre la capacidad de respuesta institucional. El caso podría servir como precedente para futuras crisis, donde la coordinación entre inteligencia, policía y justicia será decisiva.
