La ley franquista de secretos oficiales permite al Ejecutivo decidir qué información se publica: mientras se revelan papeles de crisis migratorias y el golpe de Estado, el CNI mantiene en secreto sus operaciones contra Cataluña
El Gobierno ha desclasificado documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta y el golpe del 23-F, pero mantiene el secreto sobre los archivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con el espionaje a independentistas catalanes. La decisión, impulsada por el Ejecutivo sin una ley moderna que regule el acceso a la información, refleja una discrecionalidad que contrasta con los sistemas europeos, donde los plazos de desclasificación son automáticos.
En lo que va de legislatura, el Gobierno ha retirado el secreto a dos grandes conjuntos de documentos: los relacionados con la llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo de 2021 y los papeles del 23-F, desclasificados en 2023 por su 55º aniversario. Sin embargo, ha rechazado sistemáticamente las peticiones judiciales para acceder a información sobre el uso del programa espía Pegasus por parte del CNI, alegando «riesgos para la seguridad nacional». El ministro de Justicia, Félix Bolaños, denegó en junio de este año revelar detalles sobre el espionaje a exdiputados de la CUP, argumentando que podrían «comprometer la Defensa Nacional».
La normativa vigente, heredada del franquismo, establece que todo documento es secreto por defecto hasta que el Gobierno decida lo contrario. Mientras países como Reino Unido, Alemania o Francia tienen plazos fijos (20, 30 o 50 años, respectivamente) para la desclasificación automática, en España la decisión depende de criterios políticos. El historiador Javier Buces, experto en memoria histórica, critica que esta falta de transparencia «impediría conocer la historia reciente» y «privaría a las víctimas de violencia estatal del acceso a la verdad».
Dos proyectos de ley —uno del Gobierno y otro del PNV— llevan años bloqueados en el Congreso pese a contar con apoyo parlamentario. La desclasificación de Ceuta se justificó con «razones de transparencia», mientras que la del 23-F respondió a una «demanda reiterada» de historiadores y periodistas. En cambio, el CNI ha logrado mantener en secreto operaciones como la compra del software Pegasus, cuya adquisición y uso los jueces intentan esclarecer desde 2022.
El contraste es claro: mientras el Ejecutivo publica documentos sobre crisis pasadas, mantiene bajo llave información sobre vigilancia actual. La falta de una ley moderna deja en manos del Gobierno decidir qué parte de la historia puede conocerse.
