Los acuerdos, por valor de varios millones, se formalizaron el 27 de agosto, día de disturbios y bloqueo de ayuda humanitaria en la ciudad
Ceuta ha adjudicado dos contratos públicos por varios millones de euros a familiares directos de Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, en medio de la peor crisis migratoria de su historia. Las adjudicaciones, sin publicidad previa, se formalizaron el **27 de agosto**, un día marcado por violentos disturbios que incluyeron ataques a la prensa y el incendio de asentamientos de migrantes en la playa de Benítez.
Según el perfil oficial de Contratación Pública, los contratos —cuya cuantía exacta no se detalla— beneficiaron a dos personas vinculadas a Vivas, en un contexto de **manifestaciones masivas** bajo el lema *»invasores, expulsión»*, secundadas por el Partido Popular y el propio presidente ceutí. La fecha coincide con el **brote de violencia más grave desde la entrada masiva de migrantes el 30 de julio**, cuando se bloqueó ayuda humanitaria y se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La adjudicación de estos contratos **sin concurso público previo** —un procedimiento habitual en emergencias, pero no en crisis prolongadas— ha reavivado las críticas sobre la gestión de fondos públicos en Ceuta. El **PP local**, que apoyó las manifestaciones, no ha reaccionado oficialmente, aunque en el pasado ha denunciado irregularidades en contratación. La oposición en el Congreso, por su parte, podría usar el caso para presionar sobre la transparencia en la gestión autonómica, especialmente en un momento en que el Gobierno central negocia con la UE fondos adicionales para la crisis.
Juan Jesús Vivas, del **Partido Popular**, lleva meses al frente de Ceuta con plenas competencias en materia de seguridad y emergencias. Su gobierno ha sido criticado por la **gestión de la crisis migratoria**, con acusaciones de falta de coordinación con Madrid y Bruselas. Los contratos adjudicados —cuya naturaleza exacta (servicios, obras, suministro) no se especifica— podrían encajar en el **marco de urgencia** que justifica procedimientos acelerados, pero su coincidencia con familiares directos del presidente **en un contexto de tensiones políticas** abre la puerta a preguntas sobre posibles conflictos de interés.
La **Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público** permite excepciones en casos de *»urgencia sobrevenida»*, pero exige justificación documental y, en algunos casos, publicación posterior. Hasta el momento, no hay indicios de irregularidad, pero la opacidad en la adjudicación —sin explicación pública sobre los criterios de selección— podría ser cuestionada en el **Tribunal de Cuentas** o por la **Fiscalía Anticorrupción**, que ya investiga otros casos de contratación en Ceuta durante la crisis.
