El partido de Abascal exige expedientes individualizados para cada menor y amenaza con acciones penales por traición y seguridad del Estado
Vox ha diseñado una estrategia judicial para impugnar la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, donde 70.000 personas entraron desde Marruecos, y la acogida de menores no acompañados. El partido, con su equipo jurídico en activo, plantea dos vías legales: la contencioso-administrativa contra la acogida de menores y la penal contra Pedro Sánchez y los ministros de Interior, Defensa y Exteriores.
La formación ultraderechista exige el retorno inmediato de los menores a Marruecos, amparándose en un Tratado bilateral de 2007 que obliga al país magrebí a cooperar en las devoluciones. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2024 establece que dicho acuerdo «no es suficiente título legitimador» y requiere expedientes individualizados para cada menor. Vox presiona al Gobierno para que elabore estos documentos y, si no se produce la devolución, presentará recursos ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Ya ha iniciado este proceso en Extremadura con cinco menores rechazados.
El partido argumenta que Marruecos cuenta con «órganos tutelares y de protección de menores», por lo que no sería necesario localizar a los padres para devolverlos. Además, reclaman que se paralice cualquier reparto hasta que se tramiten todos los expedientes, aplicando el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
En paralelo, Vox ha activado el artículo 102 de la Constitución para que el Congreso se pronuncie sobre una posible vía penal contra Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares. Este trámite es preceptivo para delitos como traición o contra la seguridad del Estado, aunque no implica necesariamente una imputación. La estrategia busca forzar un debate parlamentario sobre la legalidad de la gestión gubernamental.
La crisis de Ceuta, que se enmarca en un contexto de tensiones diplomáticas con Marruecos, ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en España. Mientras el Gobierno defiende la acogida humanitaria, Vox acusa a Sánchez de incumplir la ley y priorizar intereses políticos sobre el control fronterizo. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo podrían convertirse en los próximos escenarios de este conflicto, con recursos que podrían alargarse durante meses.
