El partido de Abascal exige un debate parlamentario secreto por delitos contra la seguridad del Estado y rechaza el reparto de menores no acompañados en las autonomías
Vox ha presentado este fin de semana una acusación formal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de traición y contra la seguridad del Estado, vinculados a la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta desde el 30 de julio, que el partido califica como un acto de guerra. La formación, liderada por Santiago Abascal, exige la activación del artículo 102 de la Constitución Española, que requiere el apoyo de 88 diputados para iniciar un procedimiento secreto en el Congreso, con debate y votación. Si prospera con mayoría absoluta, el caso pasaría al Tribunal Supremo.
La acusación incluye también la muerte de inmigrantes no registradas oficialmente por el Ejecutivo, según Vox. El partido ha enviado una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para rechazar el reparto de menores no acompañados llegados desde Marruecos entre las comunidades autónomas, una medida que consideran una maniobra para enfrentar a gobiernos autonómicos del PP y Vox. Vox defiende la devolución inmediata de estos menores a Marruecos, amparándose en un acuerdo bilateral de 2012 que garantiza su retorno a familias o centros de acogida en el país vecino.
El Tribunal Supremo declaró ilegal la última aplicación de este acuerdo durante la crisis migratoria de 2021 en Ceuta, al considerar que no se realizaron expedientes individualizados para cada menor. Vox atribuye este fallo a la gestión del Gobierno y contrasta su supuesta lentitud con la agilidad en otros trámites. Además, el partido reclama medidas como el bloqueo naval en la frontera —una iniciativa que, según Vox, el Gobierno ha adoptado ahora tras años de presión— y el vallado de la frontera siguiendo el modelo de Hungría-Serbia o Polonia-Bielorrusia.
En paralelo, Vox ha intensificado su crítica a Marruecos, al que tacha de teocracia islamista, y ha reavivado su propuesta para excluir al país de la organización del Mundial de Fútbol 2030, una iniciativa que cuenta con apoyo de partidos portugueses. Respecto al Partido Popular, Abascal ha instado a su colaboración para evitar una contradicción en el debate parlamentario sobre la traición.
El artículo 102 de la Constitución, invocado por Vox, regula la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y sus ministros por delitos graves, como la traición o atentados contra la seguridad del Estado. Su activación requiere una mayoría cualificada en el Congreso y, de prosperar, derivaría en un juicio ante el Tribunal Supremo. Este mecanismo, utilizado en contadas ocasiones en la historia democrática española, nunca ha culminado con una condena.
Fuente: El Debate
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