Baleares, Murcia, Galicia, Cantabria y La Rioja enviarán a sus directores generales tras confirmar su asistencia, mientras Andalucía aún no ha decidido
Cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han confirmado su asistencia a la reunión convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para debatir el reparto de menores no acompañados llegados a Ceuta. Baleares, Murcia, Galicia, Cantabria y La Rioja, donde el PP gobierna en solitario y gestiona las competencias de Servicios Sociales e Infancia, enviarán a sus directores generales a la cita, prevista para los próximos días.
La convocatoria surge en un contexto de creciente presión migratoria en Ceuta, donde el número de menores no acompañados ha aumentado en los últimos meses. Según datos del Ministerio del Interior, más de 1.200 menores extranjeros no acompañados (MENA) se encontraban en la ciudad autónoma a finales de julio, una cifra que supera la capacidad de acogida local. La ministra Rego busca articular un mecanismo de distribución entre comunidades para aliviar la saturación de los centros de protección ceutíes.
El Gobierno central, liderado por el PSOE en coalición con Sumar, ha insistido en la necesidad de una respuesta coordinada entre todas las administraciones. Sin embargo, la decisión de Andalucía, donde el PP gobierna en coalición con Vox y también gestiona estas competencias, sigue pendiente. Fuentes del Gobierno andaluz han señalado que están evaluando la propuesta, aunque no han descartado sumarse a la iniciativa.
La postura del PP en este debate refleja una división interna. Mientras las cinco comunidades ya han confirmado su participación, el partido ha criticado en otras ocasiones la gestión del Gobierno central en materia migratoria, acusándolo de falta de planificación. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha subrayado que su comunidad colaborará siempre en el marco de la legalidad, pero ha recordado que la responsabilidad última recae en el Estado.
El reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas se rige por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que establece la obligación de las administraciones de garantizar su acogida y protección. No obstante, la aplicación práctica ha generado tensiones políticas en el pasado, especialmente cuando algunas comunidades han alegado falta de recursos o diferencias en los criterios de distribución.
Fuente: ABC
