Salvador Illa admite fallos graves ante el Parlament mientras la oposición exige la dimisión de la consellera Esther Niubó
Cataluña quedó fuera de la publicación oficial de las pruebas PISA de 2025 debido a una tasa de absentismo escolar del 23,2%. El límite fijado por la organización para validar la muestra estadística era de un 5%. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, compareció este miércoles en el Parlament para dar explicaciones sobre este descarte técnico. Reconoció la existencia de errores graves e inaceptables durante la recogida de los datos educativos.
La responsabilidad principal recae, según el jefe del Ejecutivo autonómico, en el Consejo Superior de Evaluación. Este organismo técnico está integrado en el Departamento de Educación de la Generalitat. El mandatario socialista sostuvo que se cometieron fallos en la interpretación y en la transmisión de las directrices. La entidad evaluadora recibió una alerta inicial a los pocos días del arranque del proceso. Pese a esa advertencia temprana, la instrucción no llegó a la gran mayoría de centros educativos que aún debían examinar a sus alumnos.
El retraso burocrático impidió una corrección inmediata del problema de campo. Los niveles superiores de toma de decisiones no tuvieron conocimiento formal de la incidencia hasta febrero de 2026. Transcurrieron once meses completos desde el inicio de las pruebas académicas en las aulas. El líder del PSC defendió que el origen del bloqueo es estrictamente metodológico. Aseguró que no existió manipulación externa en los resultados ni anomalías en las fases de corrección.
La crisis educativa golpea de lleno la estabilidad parlamentaria del Govern en el inicio del curso político. La oposición en bloque rechazó las justificaciones presentadas en la cámara legislativa. Los grupos parlamentarios reclamaron la destitución de la consellera de Educación, Esther Niubó, al considerar insuficiente la asunción de fallos administrativos. Varios partidos de la oposición mantuvieron la sospecha de una alteración intencionada de las evaluaciones. También reprocharon a la Generalitat eludir otros conflictos abiertos en la enseñanza pública, como las convocatorias de huelga docente.
Illa calificó las cifras obtenidas como preocupantes, a pesar de que el informe internacional no llegó a difundirse formalmente. Planteó a las fuerzas políticas, sindicatos y familias «un acuerdo de país» para corregir el rumbo formativo en la comunidad. Las competencias exclusivas en gestión escolar corresponden a la administración catalana bajo el marco autonómico. La falta de homologación estadística priva al sistema escolar de un diagnóstico comparativo respecto al resto de autonomías.
